Esta situación se debe principalmente a las divisiones internas que han posibilitado el abandono por parte de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, única signataria del Convenio Colectivo, conducida por Guillermo Moser, que siempre mantuvo una cómplice relación con Rosana Bertone.

En febrero y marzo de 2019, con una situación prácticamente insostenible para los trabajadores y frente a la proximidad de las elecciones, la FATLyF y el representante de Bertone en la DPE acordaron dos Actas Acuerdo, donde se incorporaron sumas fijas a la categoría 11 (categoría testigo) y sobre la nueva escala se aplicaron los porcentajes establecidos como pauta salarial por la Gobernadora (9% y 14%).

El resultado, al final de las negociaciones, originó un aumento del 44%, que los trabajadores comenzaron a cobrar a partir de febrero/marzo.

A fines de junio, el Director de la DPE le informó a la Caja de Previsión que el coeficiente era 1.44, a los efectos se pudiera realizar el ajuste de las jubilaciones.

Debemos recordar que, en virtud de la Ley 1210, los jubilados son ajustados dos veces por año, utilizando el perverso mecanismo del coeficiente informado por la patronal, perdiendo todos los retroactivos de los meses previos al reajuste.

Esto ha provocado la pérdida de la capacidad adquisitiva del haber en más de 65% en los últimos cuatro años, lo que explica -en parte- la derrota de Bertone en las elecciones provinciales.

Ante la evidencia de que el acuerdo había saltado la pauta salarial, se envían dos rectificativas incurriendo en el delito de falsedad ideológica y finalmente a los jubilados se les paga solo el 23% de aumento a partir del mes de julio.

Se realizaron las respectivas denuncias en el Tribunal de Cuentas (que no fiscalizó debidamente), incurriendo en incumplimiento de los deberes del funcionario público.

También se hicieron denuncias ante la Fiscalía de Estado y la Caja de Previsión.

El TCP y la Caja enviaron a sus equipos técnicos a la DPE, constatando fehacientemente que el aumento había sido del 44% y no del 23%, no obstante ello, los jubilados siguieron cobrando hasta el día de hoy su haber mal liquidado.

Para colmo, en noviembre Rubén Bahntje, Presidente de la Caja de Previsión, “descubre” que hay un error en la liquidación y procede a descontar en diciembre un 18% a todos los jubilados de la DPE.

A fines del gobierno anterior, Arcando ratificó por Decreto las actas acuerdos y homologó el aumento de los trabajadores activos con el 44%.

Asume el nuevo gobierno, y nuevamente los jubilados están prisioneros en un ridículo  limbo conformado por la torpe burocracia estatal, la insensibilidad o desidia o incapacidad de los nuevos funcionarios para resolver las numerosas trampas que les montó el gobierno de Bertone.

Conclusión Final:

La DPE pagó el aumento y los trabajadores activos lo perciben hasta la fecha. Los aportes a la Caja, con aumento incluido, se vienen realizando normalmente desde febrero del año pasado.

El TCP tiene muy avanzada la investigación, confirmando que el aumento fue del 44% y no del 23%.

La Caja de Previsión, a pesar de su investigación confirmando el reclamo de los jubilados, considera que la DPE tiene un “crédito” a su favor y no liquidan las diferencias generadas, haciendo una bola de nieve insostenible en el tiempo.

La Fiscalía de Estado, como de costumbre, mira para el costado.

La Justicia es, para los jubilados, una vía muerta ya que ningún reclamo es resuelto a su favor. Se puede afirmar que no existe la Justicia para los jubilados.

El Gobernador, en pleno conocimiento de la situación no interviene y nadie toma la decisión política que resuelva este grave problema.

Una vez más los jubilados son la variable de ajuste de la clase política fueguina.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar