Los 11 gremialistas estatales procesados por el corte de la ruta nacional Nº 3 que dejó aislada a la ciudad de Ushuaia durante 11 días en marzo de 2016, durante un conflicto con el gobierno de ese entonces evitarán el juicio oral y público si aceptan pagar un resarcimiento económico de $30 mil, informaron fuentes judiciales.

La propuesta a los imputados fue realizada en el marco del expediente judicial donde se investiga lo ocurrido por el fFiscal Federal de Ushuaia, Juan Soria, dentro de las facultades que prevé una reforma del Código Procesal Penal.

Si los acusados aceptan, las sumas serán destinadas a la compra de alimentos, hornos pizzeros o cocinas industriales para los merenderos y comedores comunitarios de la ciudad, precisaron fuentes de la Fiscalía.

El mecanismo de resolución es similar al que se utiliza para las causas donde se acusó a distintas personas de violar la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en infracción al Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia (DNU) que regula las restricciones de circulación.

En el caso del corte de la ruta están imputados el Secretario General del SUTEF Horacio Catena y la dirigente del mismo sector Florencia Villarreal; el Secretario General del ATE, Carlos Córdoba; al Secretario General de la Asociación Fueguina de Empleados Públicas (AFEP), José Darío Gómez; y los dirigentes del SOEM, Sandra Esperón y Horacio Gallegos.

También quien era la Secretaria General de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Elisa Dietrich; el Secretario Adjunto (en ese momento) del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (SEJUP), Marcelo Kuba; el Secretario Adjunto de ATSA, Jorge Saravia; la ex representante de los jubilados autoconvocados Patricia Blanco; y el Secretario gremial del sindicato de músicos (SADEM), Marcelo Levincoy.

Algunos de ellos, como Catena, Villarreal, Levincoy y Dietrich (esta última pagaría un resarcimiento de $15 mil) ya habrían prestado conformidad al acuerdo, en tanto que otros todavía no hicieron saber su postura a través de los abogados defensores.

En el expediente hubo un procesamiento dictado en 2017 por el Juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, y una ratificación parcial (desestimó algunas de las figuras delictivas) suscripta por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Después, la causa fue elevada al Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la Jueza Mariel Borruto, que interviene para la etapa de juicio al tratarse de un caso de índole correccional (con penas menores a tres años de prisión).

Los dirigentes están acusados de los delitos de “interrupción del transporte y de servicios básicos”, a partir de los hechos que comenzaron a producirse el 15 de marzo de 2016, con interrupciones parciales de la ruta, y se mantuvieron ya con bloqueos totales desde el 17 y hasta el 27 de marzo, en que finalmente los manifestantes decidieron abandonar el lugar y concentrar el conflicto en acampes frente a la casa de gobierno de la ciudad de Ushuaia.

La medida gremial realizada en el puesto policial de ingreso a Ushuaia dejó aislada a la ciudad por vía terrestre, y afectó servicios como el ingreso y egreso de camiones con mercaderías, la distribución de gas envasado, y el movimiento de micros y combis de turismo durante los feriados de Semana Santa, entre otras actividades.

Los gremios estatales reclamaban en 2016 la derogación del paquete de leyes sancionado en enero de ese año por la Legislatura provincial.

Fuente: eldiariodelfindelmundo.com