La iniciativa se relaciona con el proyecto que también analiza el Parlamento fueguino, para ampliar de tres a cinco los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y que ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión respectiva.

Según el gremio judicial de Tierra del Fuego, la ampliación del STJ no puede tratarse de manera aislada, sino como parte de una reforma integral que incluya también el modo en que se eligen los magistrados.

“Primero tendrían que cambiar el sistema de selección, y recién después ampliar el Superior Tribunal. Y no al revés”, afirmó el Secretario General de la UEJN, Luis Bechis y sobre el proyecto de incrementar los miembros de la Corte fueguina, el dirigente agregó que, “es un error” el argumento de que debe hacerse porque el organismo no se modifica desde 1994”.

“Los cambios no se hacen por el paso del tiempo, sino por una necesidad de funcionamiento. Ahora hay otras necesidades que no satisface la estructura judicial. Haría falta un juzgado multifueros en Tolhuin, por ejemplo. Y así un montón de cuestiones que son prioritarias”, aseveró.

Examen técnico

En ese contexto, el gremio judicial propone reflotar un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura que “sintetiza el trabajo realizado por distintas instituciones provinciales y nacionales que oportunamente se abocaron al estudio sobre la democratización del organismo provincial de selección y remoción de jueces”.

La iniciativa es, en concreto, una modificación de la ley 8 que propone “actualizar los distintos procedimientos y adecuarlos a los criterios actuales de objetividad, igualdad de oportunidades, equidad de género, transparencia y responsabilidad”.

Entre los principales cambios, el proyecto de la UEJN sostiene que los Jueces deberían ser elegidos mediando un concurso público de oposición y antecedentes, dividido en tres etapas: Evaluación de Antecedentes, Prueba de Oposición Escrita y Oral, y Entrevista Personal.

De esta forma, los postulantes serían evaluados con un máximo de cien puntos, a los que podrían acceder por sus antecedentes (30 puntos), por la entrevista (30 puntos) y por una  prueba de oposición (40) puntos.

Para el examen técnico, se debería conformar un Jurado Examinador ad hoc, integrado por tres miembros, dos docentes universitarios que hayan sido designados por concurso en facultades de Derecho y Ciencias Sociales de Universidades Nacionales, o doctrinarios de reconocida solvencia académica, y  un magistrado provincial con cinco años de antigüedad en la función, de igual o mayor jerarquía, electo por sorteo de una lista de inscripción voluntaria.

Con posterioridad a la evaluación, se realizaría una orden de mérito, que resultaría “de la suma del puntaje obtenido por cada concursante en la prueba de oposición y en la evaluación de antecedentes”, y luego se convocaría a la entrevista personal “a los postulantes que hubieren obtenido un mínimo de cuarenta puntos (40) de calificación en la evaluación de antecedentes y prueba de oposición”.

Además, para la etapa de la entrevista, el Consejo debería designar “dos representantes de las organizaciones sindicales de los empleados del Poder Judicial y dos ciudadanos voluntarios Ad hoc, uno por cada distrito”.

“Al finalizar las entrevistas, los consejeros y los dos representantes sindicales y ciudadanos, en igualdad de condiciones, asignarán el puntaje obtenido con un máximo de treinta (30) puntos para cada postulante y se labrará la correspondiente acta”, señala el proyecto.

Después de realizadas las entrevistas, los consejeros elaborarían en sesión un dictamen en el que conformarán una terna de candidatos a cubrir el cargo concursado, con un orden de prelación en función de las evaluaciones efectuadas.

El proyecto también establece que los dos abogados integrantes del Consejo de la Magistratura se elegirían entre sus pares de la matrícula (no como ahora que también votan los funcionarios judiciales).

Bechis les pidió a los Legisladores que el gremio sea convocado a la reunión de Comisión en la que se aborde la iniciativa.

“Desde la puesta en vigencia de los decretos nacionales 222/03 y 588/03, de autolimitación de facultades del Poder Ejecutivo Nacional, se han instrumentado formas de mayor transparencia e igualdad para la designación de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Nación y un notable incremento de la confianza pública sobre las instituciones judiciales de la Nación, como así también de sus integrantes; máxime de la Corte Suprema de Justicia”, fundamenta el proyecto y agrega que, “a la vista, los resultados de los procesos implementados desde 2003 son ampliamente favorables. Esto, en gran medida, fruto de la publicidad de los antecedentes de los candidatos, la posibilidad de presentar impugnaciones y objeciones fundadas; de participar de los sistemas de audiencias públicas, junto con los mecanismos de evaluación y merituación de los postulantes que alcanzan las mejores evaluaciones”.

Fuente: eldiariodelfindelmundo.com