El Gobierno nacional derogó una resolución que obligaba a embarazadas, personas mayores de 60 años y de riesgo, a retornar a la presencialidad laboral, a los 14 días de haber sido vacunados.

“Mantiénese, por el plazo previsto en el presente decreto, la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo para las personas alcanzadas por los términos de la Resolución Nº 207/20, prorrogada por la Resolución Nº 296/20, y modificada por la Resolución N° 60/21, todas del Ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad de la Nación, sus normas complementarias y modificatorias y las que en lo sucesivo se dicten”, dice el DNU firmado por la administración de Alberto Fernández, que sustituyó el artículo 7 del Decreto N° 235/2.

Asimismo, agrega que, “los trabajadores y las trabajadoras del sector privado que fueran dispensados o dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente, recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social”.

El Gobierno había establecido que los empleadores podrán convocar a retornar a la actividad laboral presencial a los trabajadores, incluidos los dispensados, que hubieren recibido la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus. Además, podrían ser convocados “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”, agregaba el texto.

Ahora, tras el reclamo de varios sectores y de abogados laboralistas, el Gobierno dio marcha atrás.

Los Profesionales de la Salud, los primeros en reclamar

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) fue la organización sindical que planteó el reclamo ante las autoridades nacionales.

Desde los Profesionales de Salud insisten con un argumento muy razonable, “en medio de una ola de contagios con nuevas cepas cuya evolución e impacto en los trabajadores es absolutamente incierto, Fesprosa considera que el mantener la no presencialidad para mayores de 60 años y personas con comorbilidades, aunque estén vacunados, es una medida precautoria mínima”.

Por ahora, la medida se mantendrá en el plazo que rige el decreto presidencial, o sea hasta el 30 de abril. La Federación había pedido que al menos alcance los 45 días.

Lo cierto es que la obligación de concurrir al trabajo a los grupos de riesgo, aunque estén vacunados, debería regir hasta que estén dadas las condiciones sanitarias, reclaman los gremios. Pero, además, sostienen, debería ser parte de las decisiones de las organizaciones de trabajadores, que además puedan controlar los protocolos de higiene y seguridad en cada lugar de trabajo a lo largo de todo el país.

Fuente: gestionsindical.com