La empresa, que ahora está en manos del Grupo De Narváez pagará por única vez una “gratificación extraordinaria no remunerativa”, una suma “no acumulable ni compensable” en hasta 5 cuotas. El pago será de entre $115.000 y 1 millón según la antigüedad y se pagará a 477 trabajadores.

El jueves pasado había fracasado la última audiencia oficial entre ambas partes en el Ministerio de Trabajo. Ahora, los protagonistas destacaron luego de este acuerdo entre privados la colaboración del Presidente Alberto Fernández y de Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, en la resolución del conflicto.

La cadena definió la exigencia sindical como “una práctica ilegítima, no prevista por ningún marco legal vigente, ni con la forma en que desarrollamos nuestra actividad en el país”

Antes de la negativa de la semana pasada, que terminó con Pablo Moyano, titular de Camioneros, levantándose de la mesa de negociación, Francisco de Narváez, que compró la cadena estadounidense a fines del año pasado -una de las tantas empresas que decidieron irse de la Argentina-, había mantenido una reunión privada con Hugo Moyano. Entonces la cadena propuso compensar a sus empleados con un bono basado en la antigüedad de los trabajadores alcanzados por el reclamo, lo que finalmente se cerró hoy.

El Grupo De Narváez se quedó con la operación local de Walmart en noviembre del año pasado, luego de meses en los que la empresa estadounidense evaluó alternativas para dejar el país. El conglomerado que hasta 1998 operó la cadena de supermercados Casa Tía volvió así al negocio minorista de grandes superficies. Walmart es la cuarta cadena de supermercados más importante del país detrás de Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) y Coto. Tiene 31 hipermercados, dos tiendas mayoristas “Punto Mayorista” y supermercados Changomas.

Apenas estalló el conflicto, que incluyó trabajo a reglamento, bloqueo de camiones a las sucursales y presión a camioneros para que no lleven productos a la cadena, algo que generó faltantes y desabastecimiento en muchos casos, la cadena definió la exigencia sindical como “una práctica ilegítima, no prevista por ningún marco legal vigente, ni con la forma en que desarrollamos nuestra actividad en el país”.

La llamada “Ley Moyano” rechazada desde todo el arco empresario, comenzó a usarse en 1998 con Manliba. Desde entonces se aplicó en empresas de recolección de residuos, logística, correos, y aguas gaseosas, y el último antecedente fue una distribuidora de bebidas en Formosa, siempre con los acuerdos homologados en el Ministerio de Trabajo.

Desde entonces, la “Ley Moyano” se impuso no sólo en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura sino también en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).

Fuente: infobae.com