El Ejecutivo lanzará un DNU en las próximas horas con una modificación a la Resolución 62/2021, publicada en junio, que establecía que, “las y los titulares de cada jurisdicción, organismo o entidad comprendido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorios, podrían convocar al retorno a la actividad laboral presencial a las y los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”.

De esa manera, alrededor de tres millones de empleados públicos volverían a la presencialidad y restaría definir cómo se organizará el transporte público, qué pasará con aquellos que no se quieran vacunar, y cómo se instrumentará la decisión en cada jurisdicción.

Este viernes vence la prórroga del último decreto presidencial con restricciones ante la pandemia. Se espera que, en la renovación de la normativa, el Gobierno incluya alguna señal dirigida al retorno al trabajo en las oficinas. Una versión sugiere que la fecha estipulada es el 1° de septiembre.

El antecedente en provincia de Buenos Aires

El primer paso en ese sentido lo había dado Axel Kicillof. A fines de julio, el Gobernador bonaerense dispuso que los trabajadores estatales de la provincia que hayan sido vacunados contra el coronavirus pueden ser convocados a realizar tareas presenciales. Basta con que tengan al menos una dosis y hayan transcurrido 21 días corridos desde la aplicación.

La medida, que se formalizó a través del Decreto 521 publicado en el Boletín Oficial del distrito, establece que también podrán ser citados a trabajar de modo presencial aquellos que, “habiendo tenido la oportunidad de acceder a la vacunación, optaron por no inscribirse a vacunarse, o inscriptos que no asistieron a su turno de vacunación por razones de índole personal”.

El inminente avance de la variante Delta y qué pasa con quienes se niegan a vacunarse

La discusión ya estaba instalada en el sector privado. En primer lugar, por el avance de la variante Delta -cuya circulación comunitaria se espera para estas semanas- y la posibilidad de una nueva escalada de contagios. Además, es una incógnita la situación de aquellos trabajadores que decidan no vacunarse, teniendo en cuenta que la inoculación contra el COVID-19 no es obligatoria.

En este contexto, las empresas reclaman que el Gobierno les otorgue un marco legal para poder exigir a sus empleados que se vacunen.

En relación a un horizonte inmediato con un retorno masivo a la presencialidad laboral, la cepa surgida en India y considerada hasta 70 veces más transmisible que el virus original, supone otros riesgos: por ejemplo, las aglomeraciones en el transporte público, habitualmente señalado como un foco de contagio.

Fuente: tn.com.ar