El flamante titular de la Unión Industrial Argentina, el Abogado Laboralista y representante de la Copal, Daniel Funes De Rioja, defendió el martes el derecho de las empresas a impedir el ingreso a su puesto de trabajo a los trabajadores que hubieran decidido no vacunarse y, a la vez, sancionarlos mediante el no pago del salario.

Las declaraciones del titular de la central industrial coincidieron con lo que días antes había dispuesto mediante un decreto provincial el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, estableciendo la obligatoriedad de la vacunación para los empleados públicos de ese distrito a contramano de la legislación nacional vigente en la materia.

Los dichos de Funes de Rioja recogieron un amplio repudio entre las organizaciones sindicales así como de Abogados Laboralistas que coincidieron en señalar la ilegalidad de la medida, tanto en lo que se refiere a la imposición de una vacunación no incluida en el calendario oficial como así también en el posible descuento salarial en franca violación con el derecho laboral vigente.

En rigor, la única normativa existente referida a la vacunación de los empleados es la que resulta de la resolución conjunta 4/21 de los Ministerios de Trabajo y Salud en la que autorizaban a las empresas a convocar a aquellos trabajadores que hubieran sido inoculados con al menos una dosis de la vacuna en un plazo superior a los 14 días. La disposición también había sido rechazada por los gremios que argumentaron que decretos presidenciales posteriores que ampliaron las restricciones tornaban abstracta la resolución.

Con todo, la norma sirvió para que empresas se valieran de ella y convocaran a sus empleados a tomar tareas. Uno de los casos fue el del chofer de la línea 60,  Álvaro Pio Santillán, que fue instado a retomar tareas, contrajo el virus y terminó falleciendo.

En diálogo con Tiempo Argentino, Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de los Trabajadores señaló que, “esas declaraciones merecen ser rechazadas de manera contundente”. Para el dirigente, “se inscriben en la voluntad de mostrar musculatura patronal y pretender erigirse en sujeto disciplinador de los trabajadores más que en una preocupación por la eventual existencia de algún trabajador que decidiera no vacunarse. Extorsionar con la quita del salario cuando ya sabemos lo deplorables que son es utilizar esa herramienta con una clara actitud opresiva”.

Desde la CGT, Jorge Sola, Secretario de Prensa de la entidad y dirigente del sindicato del Seguro coincidió en que, “castigar en un derecho laboral a alguien a quien debiera solicitarle su compromiso social respecto del plan de vacunación no es el camino adecuado. Imponer sanciones desde el punto de vista de la relación laboral no solo es ilegal sino que no coincide con el camino de convencimiento que se tiene que seguir a los fines de lograr la mayor vacunación posible”.

Desde la Asociación de Abogados Laboralistas, su ex Presidente y actual miembro de la Comisión Directiva, Matías Cremonte, explicó que, “no hay ningún gris porque la vacuna no es obligatoria. La Constitución dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande”. Por eso, continuó, “el empleador no puede arrogarse un poder de policía que solo está en manos del Estado. No pueden no pagar el salario porque el trabajador está a disposición”.

Para Yasky, “es un intento de establecer una asimetría de fuerza y dejarla graficada. Rememora las bravuconadas de los patrones de estancia más que la actitud de una central empresaria”.

En rigor, y más allá de sectores marginales, en la Argentina no existe una tendencia a rechazar la vacunación. Por el contrario, han sido los sindicatos y comisiones de trabajadores los que han reclamado la vacunación prioritaria para sus trabajadores. A la fecha, son poco menos de 26,5 millones los ciudadanos que ya recibieron la primera dosis y 9 millones quienes cuentan con la inoculación completa. Se trata de poco menos del 20% de la población la que cuenta con las dos dosis. Si esa cifra no se incrementa no es por la negativa de la población a avanzar sino, en todo caso, por el retraso en el ingreso de las dosis.

Pero además, si hubiera un sector que observa con recelo la posibilidad de inocularse, la responsabilidad habrá que buscarla en quienes han sembrado desconfianza sobre la efectividad de la misma e, incluso, en el secretismo que impera en los contratos con los laboratorios.

Consultados sobre la posibilidad de que la inoculación resulte oficialmente obligatoria, los dirigentes coincidieron en avanzar por el lado de la persuasión. Yasky señaló que, “todos queremos que los trabajadores se vacunen. Debieron reconocer que los primeros en plantear la condición de la vacunación para volver a trabajar fuimos los sindicatos. Lo planteamos como un requisito”.

Yasky continuó, “ellos miraban con sonrisa cómplice a los que hacían marchas anti vacunas y promovían hacer buches con lavandina en vez de vacunarse, los que denunciaban que eran veneno. La obligación de todos nosotros debe ser vacunarse, el maestro, el que atiende en un mostrador en un aeropuerto y el que trabaja en una fábrica, pero es una actitud solidaria. Los que mejor entendemos eso somos los trabajadores. Es correcto que se definan políticas públicas pero en el marco de la persuasión y concientización solidaria de la población. Lo otro es quedarse estancado en una visión conservadora y autoritarias de los grupos empresarios que siempre tienen un rebenque a mano”.

Para Jorge Sola, “no es a través del ejercicio abusivo de la relación del empleador sobre el empleado que se logra convencer sino sobre la base del sentido común y el razonamiento y escuchar la opinión científica. Es allí donde poner el esfuerzo para lograr la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras vacunadas”.

Fuente: resumenlatinoamericano.org