Recibiría un aporte surgido de un fondo de cese laboral, creado con un aporte mensual del 12% del sueldo en el primer año y el 8% los siguientes, un sistema similar al aplicado en Austria conocido como "mochila". Los aguinaldos y aportes extras no serían alcanzados.

Según el proyecto, la Anses deberá llevar adelante la "Libreta digital" con los datos de los aportantes y una vez extinguida la relación laboral quedará registrado la salida del empleado y el cobro de la mochila, que consistirá en un mes de sueldo por cada año trabajado o período mayor a tres meses.

Si nunca lo cobra, podrá sumarlo al fondo de jubilación y hasta podría gastarlo durante su carrera laboral si lo quisiera.

No podrá ir a Tribunales a reclamar una indemnización por el motivo del despido, motivo de rechazo de la CGT al proyecto, que ya fue anunciado por Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña electoral y tiene varias versiones en la Cámara de Diputados.

La última fue del fueguino Héctor Stefani, del PRO, que consiste en “un sistema de garantía de indemnizaciones", para que los empleados que terminen su relación laboral ya sea por despido o renuncia, perciban el 100% de lo que les corresponda, sin necesidad de reclamarlo en Tribunales.

"Cambiar de trabajo no implicará una pérdida de antigüedad, será acumulativo y se traslada de trabajo en trabajo. Además, en el caso de no haberse cobrado nunca en toda la trayectoria laboral será un complemento para la jubilación. Es un beneficio que los acompañará a lo largo de toda su vida laboral", señaló Stefani.

"Argentina tiene un gran problema en la generación de empleo. Inclusive, en etapas de crecimiento las empresas no contratan gente. Necesitamos una solución que beneficie a los trabajadores, reduzca los costos de las empresas y genere más trabajo de calidad", agregó.

El texto de Lousteau no habla de retroactividad y hasta señala que el reemplazo de las indemnizaciones por la “mochila” se dará de forma "paulatina". En los fundamentos recuerda que en ningún país de la región la indemnización tiene los beneficios de este país: en Uruguay tiene un tope de 6 mensualidades y Chile 11.

"Con este proyecto de ley pretendemos aliviar la situación de los  empleadores y empleadoras, sin descuidar a los trabajadores y  trabajadoras, que percibirán la indemnización correspondiente, especialmente de las PYMES", señala el economista.

"Creemos que la solución es dar previsión adicional al  momento de crear fuentes de trabajo en el país, ya que los niveles de  incertidumbre económica frenan cualquier tipo de inversión genuina, en virtud del miedo que existe ante un desenlace inesperado que acarree  el cierre del emprendimiento y los desembolsos adicionales asociados a ello", completó el Senador radical.

Fuente: lapoliticaonline.com