Además de no cobrar el sueldo desde hace ya cuatro meses, los 4.000 empleados de Garbarino ahora empezaron a recibir una invitación a dejar las tareas de manera negociada con la empresa propiedad de Carlos Rosales.

Bajo el título "Asunto, plan de retiro voluntario Garbarino", la propuesta contiene una particular cláusula que promete iniciar el pago de la indemnización acordada recién a partir de enero del año próximo y en 24 cuotas consecutivas.

Es decir, los trabajadores que por alguna razón acepten la ridícula oferta empresaria deberían pasar dos meses sin percibir ningún ingreso y además resignarse a terminar de cobrar el monto total correspondiente en enero del 2024.

"Garbarino S.A ofrece un plan de retiro voluntario para sus empleados. Encontrá a continuación las condiciones del mismo para que puedas tomar una decisión con la información necesaria", agrega la carta enviada al personal.

Esas condiciones son:

1) Fecha de postulación desde el viernes 22 de octubre al martes 26 de octubre.

2) Alcance a todos los empleados activos que se encuentren en la nómina de Garbarino S.A.

3) Liquidación final (sueldo proporcional del mes en curso, aguinaldo, vacaciones no gozadas)

4) Pago de indemnización legal Art. 245 LCT y Preaviso. Esta suma es sin la aplicación del DNU 34/2019 con sucesivas prórrogas y modificatorias. Al monto mencionado se le deducirán los montos vencidos impagos de créditos a los empleados si los hubiera.

5) Plazo de pago 24 cuotas consecutivas iguales a partir de enero 2022

Cómo se sostiene en la nota, la empresa tampoco respetaría el pago de la doble indemnización impuesta por el gobierno nacional desde el 13 de diciembre del 2019 y que en principio rige hasta fin de año ya que su finalización está atada al contexto pandémico y económico de la Argentina.

Actualmente, de la cadena queda poco y nada ya que son pocos los locales que se mantienen abiertos de los 200 que supo tener.

Es más, uno de sus rivales como es Musimundo, viene tomando las sucursales cerradas de Garbarino para cumplir con un plan de expansión que comenzó a desarrollar luego de haber cerrado un proceso de reestructuración de su situación financiera.

El objetivo es abrir 30 nuevos locales bajo esta modalidad hasta fin de año.

Un escenario que contrasta con el futuro de Garbarino, cada vez más comprometido y que casi sin variantes para sostener sus operaciones se acerca cada vez más a un proceso concursal bajo el amparo de la justicia para reordenar el pago de su abultado endeudamiento y evitar la quiebra.

El grupo acumula actualmente un pasivo superior a los $20.000 millones, se quedó sin respaldo crediticio y los proveedores dejaron de enviar mercadería por la fuerte deuda que también reclaman.

A mediados de año, Rosales intento obtener ayuda de parte del Gobierno acudiendo al Ministerio de Desarrollo Productivo.

La propuesta era crear un fideicomiso con fondos aportados por la cartera que conduce Matias Kulfas y con dinero de un supuesto fondo inversor interesado en ingresar a la cadena cómo accionista.

Sin embargo, las autoridades rechazaron el pedido por entender que el Estado nacional ya venía aportando dinero a Garbarino con las medidas de ayuda a trabajadores lanzadas durante la pandemia como los ATP y REPRO.

Pero más allá de este dato objetivo, en el Gobierno existe un fuerte malestar con Rosales por entender que la situación de Garbarino se debe a maniobras dudosas y cercanas a la ilegalidad. Hablan concretamente de un desfalco. "No vamos a darle dinero estatal para que resuelva un desfalco", dijo un alto funcionario que estuvo cerca de las conversaciones con el empresario.

Una frase llamativa pero que se podría vincular con varias investigaciones abiertas en la justicia sobre lavado de dinero y maniobras fraudulentas.

En lo operativo, del esplendor del grupo queda poco. Tanto de su cadena insignia que ya casi no opera, cómo del resto de sus empresas como Compumundo, que tampoco tiene sucursales activas y va camino al cierre definitivo tras fracasar una subasta pública del 51% de sus acciones que no tuvo interesados.

La empresa decidió despedir al personal de la cadena especializada en tecnología con el argumento de "la difícil situación económica y financiera que atraviesa la empresa por la cual la sociedad ha registrado una estrepitosa baja de las ventas que empezó a manifestarse a partir de la crisis generada por la pandemia".

El telegrama agrega que, "es de conocimiento de todos los trabajadores el enorme esfuerzo para intentar paliar esta situación, lo que incluyó la presentación administrativa de un Procedimiento Preventivo de Crisis PPC, así como la búsqueda de un inversor que inyectara capital, circunstancias que por razones específicas y particulares, no han tenido andamiaje".

También se sostiene que, "la reciente reapertura de las actividades económicas que permitirían normalizar el negocio no tiene la suficiente fuerza para revertir el daño causado. Ante estas circunstancias completamente externas, imprevisibles, en algún caso insuperables -que exceden el riesgo empresario normal y que de ningún modo podrían serles imputadas a la empresa, no le queda otra alternativa que notificar el despido bajo los términos del artículo 247".

En este caso también se desconoce el DNU presidencial sobre la doble indemnización y hace referencia al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que el empleador puede despedir por fuerza mayor, falta de trabajo y causas económicas no imputables al empleador y permitía que se pueda pagar el 50%de la indemnización.

La misma situación se da en Garbarino Viajes.

La empresa no cumple con los compromisos asumidos con sus clientes y se multiplican las denuncias sobre supuestas estafas.

Fuente: iprofesional.com