Como todos los meses, la CGT reclama a la Superintendencia de Servicios de Salud el giro de los fondos del sistema de redistribución para financiar a las obras sociales. En el organismo, dependiente de Salud, sostienen que los pagos vienen manteniéndose en forma regular.

En la central obrera no coinciden con esta evaluación y reclaman por el compromiso del Presidente Alberto Fernández de cubrir el rubro discapacidad que, junto a la cobertura de medicamentos importados para tratar enfermedades complejas, representan el mayor presupuesto de la seguridad social. Recuerdan que de los $11 mil millones comprometidos el año pasado, sólo se pagaron poco más de $7 mil millones. Resignados a no cobrar esa deuda, reclaman sí una actualización del paquete de recursos.

Ahora, en el Ejecutivo, estudian quitar esa cobertura de la Superintendencia, y pasarla a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en los hechos, depende de Jefatura de Gabinete y se financia con recursos públicos y no del sistema.

Detallan que la educación y el transporte de los beneficiarios con algún tipo de discapacidad representan un 55% del total del Fondo Compensador. “Son unas 297 mil personas cuando todo el sistema cubre a 16 millones. Y ese primer grupo absorbe un 55% del dinero”, planteó una fuente oficial consultada.

Lo que plantean tanto algunos funcionarios como sindicalistas es que no corresponde que de un área sanitaria salgan recursos para cubrir temas educativos y de integración de personas con discapacidad. “La ley de discapacidad es de 1994. Hoy no se los considera como personas enfermas sino que requieren un proceso educativo específico. Por eso habría que cambiar la organización de la cobertura”, completó otra fuente gubernamental consultada.

Fuente: mundogremial.com