El Gobierno oficializó mediante el Decreto Nº 841/22 el pago en diciembre de una asignación no remunerativa y por única vez a los trabajadores privados en relación de dependencia de 24 mil pesos, y sostuvo que deben percibirlo los empleados que cobran haberes netos inferiores a los 185.859 pesos, pero los empleadores se niegan a pagarlo.

Así ocurrió a fin de año con empleadores de maestranza, estaciones de servicio, garages, estacionamientos y lavaderos. Sin embargo, para el caso de las estaciones de servicio, Carlos Acuña desconoció la postura patronal, “los trabajadores deben cobrarlo y, las empresas, tienen la obligación de pagarlo. El gremio rechaza la postura contraria a efectivizar esa asignación otorgada por el Gobierno para los empleados privados en relación de dependencia que perciben haberes inferiores a dos salarios mínimos”, sostuvo el dirigente del Soesgype en un documento.

Volviendo a los metalúrgicos, el miércoles, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) le envió un escrito a la Ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, solicitando que, “se revea, en carácter de urgente, los alcances del Decreto Nº 841/2022, a fin de contemplar casos particulares en que los empresarios pymes no pueden afrontar ese costo”.

CAMIMA fue por el mismo camino que las otras patronales y resaltó los acuerdos paritarios ya firmados. El pago del bono que decretó el Gobierno, consideran que, “interfieren con acuerdos existentes” y hacen responsables del pago de un bono a empresarios pymes, que no son los culpables de la inflación, solo sufren sus consecuencias, al igual que los trabajadores.

Fuente: infogremiales.com.ar