“Está instalada la información sobre la instalación en la provincia de esta aplicación que nosotros denominamos pirata, es extranjera, no es nacional”, indicó Rosas y agregó, “desde el año 2015 que presentamos en la ciudad de Río Grande, y también se presentó en la ciudad de Ushuaia, proyectos de ordenanzas que prohíben este tipo de aplicaciones que no estén ajustadas a las normas que regulan los servicios públicos, tanto de taxis como  de remis”.

En una entrevista realizada en el programa “Soberanos Radio” que se emite los días sábados a la mañana por la emisora “FM Nuestras Voces”, (92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia), el dirigente de SUPeTax señaló que, “al día de hoy las ordenanzas existen, están vigentes, constantemente se le pide al Ejecutivo municipal que haga inspecciones, no solamente con las aplicaciones foráneas, sino también con trasportes truchos de pasajeros que hay en la ciudad de Río Grande y en la ciudad de Ushuaia”.

“Esta es una lucha que tenemos desde Jujuy a Tierra del Fuego con este tipo de aplicaciones y hemos pedido que se tomen resoluciones, hay fallos judiciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se prohíbe este tipo de aplicaciones y vamos a trasladar esos antecedentes a todas las provincias del país”, resaltó Andrés Rosas y acotó, “UBER es una aplicación que se puede bajar desde un celular, es una aplicación administrada por extranjeros, no tributa en Argentina, no tiene inversiones en el país, solamente envían la señal para que la gente baje la aplicación, y hay choferes que se inscriben para prestar el servicio; y no cumple los requisitos que se les exige a un taxi o a un remis para prestar el servicio, hablamos de seguro contra terceros transportados, una RTO que cada seis meses un taxi o un remis tiene que cumplir, un chofer que debe estar identificado y poseer Certificado de Antecedentes Penales que los choferes de UBER no poseen”.

Andrés Rosas destacó que, “en Río Grande hay una ordenanza que prohíbe este tipo de servicios desde el año 2016, el Concejal Raul Von Der Thusen tomó la iniciativa en ese momento, se trató y se convirtió en ordenanza, y fue promulgada por el Ejecutivo municipal”.    

“El Estado es el garante de que los servicios se presten bajo un marco regulatorio, por vamos a exigir a los Ejecutivos municipales, al Ejecutivo provincial y al ENACOM también, que actúen en consecuencia”, subrayó Andrés Rosas.     

Fuente: gremialesdelsur.com.ar