La familia judicial tendrá mucho trabajo tras la feria de la actividad porque, de avanzar el conjunto de leyes propuesto al Parlamento por el Gobierno, se espera que todos los estudios de letrados del país tengan una catarata de juicios contra la ANSES, porque los jubilados que perciben una renta media o alta se verán afectados

A este panorama se le suman los innumerables planteos de amparo que han realizados sectores políticos, sociales y representantes de profesiones liberales como los farmacéuticos, o los despachantes de aduana, contra el DNU de Milei, como la reciente presentación de la Federación Argentina de Municipios (FAM) con el objetivo de detener los efectos de la decisión del Poder Ejecutivo.

La reforma jubilatoria del Gobierno licuará los haberes de los que cobran ingresos medios y altos, será un grave retroceso en materia de derechos jubilatorios y abrirá las puertas a muchos juicios.

Esta situación de derogar la Ley de movilidad a través de un DNU, es un hecho similar al que se vivió durante el primer año de Gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia de COVID-19.

Aunque en el presente es una situación peor porque la ley sancionada por la anterior gestión nacional estableció aumentos trimestrales para los jubilados. En la presente modificación se dice que "se pagará de acuerdo a la sustentabilidad de la ANSES o sea a los recursos que posea y se priorizará a los que menos cobran".

Si el lema es "no hay plata", poco puede esperarse de aumentos en las jubilaciones. Además, se aguarda que "se traspase el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de más de 76 mil millones de dólares al Tesoro Nacional para que lo maneje el Ministro Luis Caputo.

En ese contexto, los juicios contra el Estado por temas previsionales podrían sufrir un aumento similar a los que se realizaron por liquidaciones mal pagadas en el pasado.

Fuente: iprofesional.com