“Son actos de persecución e intimidación por parte del Gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta” expresó desde la CTA encabezada por Hugo Godoy y agregó, “el Ministerio de Seguridad no tiene autoridad para modificar el Código Penal y establecer estas penas”.

En tanto desde la CGT se emitió un comunicado con el título “El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado”, en el que da cuenta de esta situación, y advierte que, “es una nueva provocación, un nuevo intento del Gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos”, y resalta que, “la disposición del Gobierno es ilegítima y contraria a la Constitución Nacional y expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho a la huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento por las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo”.

Por su parte, desde Libres del Sur señalaron, “el Gobierno de Milei pretende condicionar la protesta social, antes que resolver los problemas de la gente", y subrayaron, “una provocación más de un Gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales".

Por la movilización del 22 de diciembre, fueron intimados ATE, CTA, UTEP, Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, Frente Barrial CTA, FETRAES, y FOL. La intimación es por el monto de $56.760.282.

Mientras que por la movilización del 27 de diciembre, fueron intimados  FEMPINRA, APOPS, UEJN, Polo Obrero, MIJD, UTEP, MST, Izquierda Socialista, UOM, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, Camioneros, CTA de los Trabajadores, CONADU Histórica, CTA Autónoma. La intimación en este caso es por el monto de $40.419.227.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar