Según la denuncia presentada en la Fiscalía de Estado, las personas denunciadas habrían incurrido en las irregularidades de “exceso en el cumplimiento de una medida cautelar”, y “parcialidad manifiesta y animadversión contra docentes afectados”.

Lo que se denuncia en las actuaciones “no es un mero error administrativo ni una interpretación equivocada de la normativa aplicable. Lo que se pone de manifiesto es el ejercicio arbitrario, caprichoso y personalísimo del poder administrativo por parte de agentes que han olvidado que son servidores públicos y se comportan como patrones de estancia, disponiendo de cargos, situaciones de revista, y derechos adquiridos de docentes como si fueran bienes de su propiedad personal”.

Se pudo saber que la denunciantes reviste el carácter de “terceros afectados en el proceso judicial mencionado, habiendo sido admitida como tal mediante resolución judicial, y sus derechos laborales se encuentran directamente comprometidos por las actuaciones administrativas irregulares que se denuncian”, y se considera que, “esta actuación no es un error técnico. Es una decisión deliberada de exceder groseramente el mandato judicial para favorecer a una docente en particular, en detrimento de la totalidad de los docentes que legítimamente accedieron a cargos mediante un proceso de titularización acordado en paritarias y ejecutado conforme a derecho”.

La presentación ante la Fiscalía de Estado resalta que, “han ejercido sus funciones no como representantes del Estado Provincial, sino como patrones de estancia, disponiendo de cargos y situaciones de revista con absoluta discrecionalidad. Han tratado a las docentes afectadas no como agentes públicos con derechos garantizados constitucionalmente, sino como piezas descartables que pueden ser removidas a voluntad para satisfacer intereses ajenos al bien común. El silencio de la estructura ministerial frente a estas irregularidades evidencia una complicidad institucional que agrava la situación denunciada y compromete la responsabilidad de toda la cadena jerárquica.

La denunciante solicita:

- Restituir a todos los docentes cesados en sus cargos y funciones, generando nuevos actos administrativos que reviertan los efectos de las Disposiciones 181/25 y 182/25.

- Liquidar diferencias salariales a favor de los docentes que fueron ilegítimamente cesados y privados de sus remuneraciones durante el período de vigencia de la medida cautelar.

- Afrontar eventuales reclamos por daños y perjuicios de los docentes afectados, quienes han sufrido perjuicios patrimoniales y morales como consecuencia de la actuación administrativa irregular.

- Ponga en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia las actuaciones irregulares denunciadas, a los efectos de que se investigue la eventual responsabilidad patrimonial de las funcionarias.

Normativa vulnerada

Las irregularidades denunciadas vulneran:

- Ley Provincial N° 631 (Estatuto del Docente), en lo relativo a la estabilidad del empleo público docente y los procedimientos de designación y cese.

- Decreto Provincial N° 267/2000 y Decreto Provincial N° 1607/2002, que regulan los procedimientos de cobertura de cargos jerárquicos y la situación de revista del personal docente.

- Principios generales del derecho administrativo: legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, buena fe, estabilidad del empleo público.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar