La intervención federal en el Puerto de Ushuaia avanzó no sólo la estructura institucional, sino también sobre los derechos laborales, previsionales y económicos de quienes hasta ahora se desempeñaban como trabajadores del sistema portuario provincial.

El conjunto de trabajadores que secundaron a Juan Avellaneda solicitaron licencias por cargo de mayor jerarquía al ser designados como funcionarios nacionales de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), pasarán a quedar fuera de los regímenes locales que históricamente los amparaban.

En ese marco, las designaciones implicarán que los trabajadores dejarán de estar afiliados a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), perdiendo la cobertura sanitaria provincial. El traspaso al ámbito nacional los obligará a incorporarse a una Obra Social que establezca la administración nacional, en un escenario de creciente incertidumbre sobre la continuidad de prestaciones y beneficios sociales y previsionales.

Pero el impacto más profundo se dará en el plano previsional. Al dejar de aportar a la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, los ahora funcionarios nacionales perderán el acceso al régimen jubilatorio provincial, que garantiza el retiro a los 60 años y el beneficio del 82% móvil. Al ser funcionarios políticos del ANPyN comenzarán a aportar al ANSES, y por ende, su edad jubilatoria se extenderá a los 65 años y con un haber jubilatorio sustancialmente menor. En adelante, quedarán alcanzados por las condiciones del sistema nacional, menos favorable, y sin las conquistas históricas del régimen fueguino.

La medida alcanzará a Juan Andrés Avellaneda, Javier Alejandro Villarroel Vera, Valeria Celeste Cabrera, Yamila Rosa Moukarzel, Mario Manuel Avellaneda (hermano del virtual Interventor designado por la gestión libertaria), Abraham Cuevas Novoa, Juan Pablo Pimentel, Francisco Robles, Walter Pontet y Gabriela Guerrero, entre otros trabajadores que hasta la intervención cumplían funciones bajo encuadre provincial.

En la misma situación quedarán Francisco Leonel Infanti, Susana Cuello, Valeria Arcos Morinigo, Rosana Villarroel, Abril Sandoval, Mariana Tejerina, Yanina Gelpi, Claudia Apis, Melisa Aguirre y Mailena Berton, quienes ya se desempeñan como funcionarios nacionales de la gestión de La Libertad Avanza con cargos de mayor jerarquía, aunque con pérdida de derechos laborales consolidados.

A su vez, se sumará un cambio directo en el circuito económico local. Al incorporarse a la ANPyN, los actuales funcionarios de LLA dejarán de percibir sus salarios a través del Banco de Tierra del Fuego, lo que implica la salida de esos haberes del sistema financiero provincial, y la pérdida de los beneficios a través del banco provincial, como ser las tarjetas de créditos y su redes de beneficios económicos y financieros.

Así, bajo la cobertura formal de una intervención federal y el otorgamiento de cargos jerárquicos, se consolidará un proceso que, lejos de fortalecer derechos, significará la pérdida de beneficios previsionales, sanitarios y económicos para trabajadores que pasarán a pagar el costo del reordenamiento institucional que aceptaron al asumir sus nuevas funciones laborales al servicio de un organismo federal.

Fuente: eldiariodelfindelmundo.com