Sin quórum en reuinón de Directorio de la OSEF

“El jueves 9 de abril, no dimos quórum en la sesión de Directorio de la OSEF para impedir la aprobación de convenios de regularización de deuda que, en los hechos, podían significar una nueva licuación de acreencias millonarias que distintos entes públicos mantienen con la Obra Social. La decisión no fue un gesto menor ni una especulación táctica, fue una medida de defensa institucional frente a acuerdos que, por la cantidad de cuotas, por la baja tasa de interés y por las presuntas irregularidades detectadas en su tramitación, resultan lesivos para la economía de la OSEF y, por lo tanto, para el derecho a la salud de miles de afiliados, señaló Gallegos y acotó, “la ausencia no obedecía a desinterés ni a abandono de funciones. Por el contrario, respondió al deber de resguardar la legalidad, el patrimonio de la Obra Social y el financiamiento de las prestaciones médicas. También se advirte que la Presidencia cuenta con doble voto y que, en esas condiciones, habilitar el quórum podía traducirse en la convalidación de instrumentos profundamente cuestionables. Por lo tanto, cuestiono de manera expresa los convenios vinculados con la Municipalidad de Río Grande, con la Agencia de Innovación Fueguina, con el Concejo Deliberante de Tolhuin, y con el Gobierno de la provincia, y solicito suspender su tratamiento, revisión integral y eventual revocación por ilegitimidad”.

EL Vocal detalló que, “el jueves la preocupación no era abstracta. Lo que estaba en discusión era la posibilidad de consolidar acuerdos que refinancian deudas públicas con tasas que, prima facie, aparecen por debajo o desacopladas del estándar legal aplicable a obligaciones ya vencidas y morosas, que extienden los pagos en plazos de hasta dieciocho, y treinta y seis cuotas, y que no fortalecen verdaderamente la posición acreedora de la OSEF. En una Obra Social devastada por el desfinanciamiento, con afiliados que padecen demoras, recortes, falta de cobertura y angustia cotidiana, no podíamos avalar más deterioro. No podíamos convalidar, desde adentro del propio Directorio, nuevos mecanismos de alivio para los deudores estatales mientras la carga de la crisis sigue cayendo sobre los trabajadores activos, pasivos y sus familias”.

Presentación ante la Fiscalía de Estado

“Ese mismo día avanzamos por la vía institucional y formal ante los organismos de control. Se presentó una actuación ante la Fiscalía de Estado para que investigue los convenios de financiamiento de deuda por sus presuntas ilegalidades, irregularidades y por su carácter nocivo para la economía de la Obra Social. Allí se pidió que se requieran los expedientes completos, los anexos, los borradores, los informes técnicos, los dictámenes jurídicos, los cuadros de cálculo y toda otra documentación vinculada; que se investigue si las tasas aplicadas respetan el régimen legal de la OSEF; que se determine si los convenios abarcan la totalidad de la deuda o sólo una parte; que se verifique la existencia de firmas ad referéndum sin ratificación; que se investigue la actuación de la máxima autoridad de la OSEF y de los funcionarios del Gobierno provincial; que se dejen sin efectos, y que se ordene la suspensión de todo trámite de aprobación, homologación o ejecución hasta que se esclarezca la legalidad de esos instrumentos. Además, se solicitó que se investigue si existen otros convenios semejantes con otros entes públicos deudores”, refiiró Horacio Gallegos y añadió, “en el caso del Gobierno provincial, la preocupación es todavía mayor. Aunque en el orden del día de la sesión no figuraba formalmente la aprobación de esa deuda, ya existían elementos suficientes para advertir que también debía ser investigada. Por eso se lo incluyó expresamente en la presentación. No se trata sólo del monto extraordinario involucrado, sino de una cuestión institucional de fondo: el Gobierno fue deudor de la OSEF, luego negoció un convenio que aparece estructurado en términos desfavorables para la Obra Social, y todo ello en un contexto en el que la conducción de la OSEF mantiene una relación de dependencia política con el Poder Ejecutivo. Ese cuadro exige el máximo nivel de control”.

Presentación ante el Tribunal de Cuentas

El Vocal Titular por el Sector de los Afiliados Pasivos de la OSEF comentó que, “también se formalizó una presentación ante el Tribunal de Cuentas, ajustada a sus competencias específicas de control externo económico financiero y de eventual determinación de daño patrimonial al Estado. Allí se pidió la apertura de una investigación especial y auditoría sobre los convenios, para examinar la correcta determinación de capital, intereses y recargos, la razonabilidad económico financiera de las cuotas y los plazos, la posible existencia de regularizaciones parciales, la eventual producción de rentas dejadas de percibir, la insuficiencia de las cláusulas de resguardo del crédito y la eventual responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en estas decisiones. El eje de esa presentación fue claro: si se debilitó el recupero de acreencias públicas, si se licuó el costo del incumplimiento o si se perjudicó el patrimonio de la OSEF; el Tribunal de Cuentas debe intervenir”.

“Lo que se hizo el 9 de abril no fue una maniobra de obstrucción. Fue un acto de responsabilidad política y social en defensa de los afiliados. En medio de una crisis sanitaria y social devastadora, con miles de personas que sufren el deterioro cotidiano de la atención, la falta de respuestas y la incertidumbre sobre sus tratamientos, no se puede actuar como si la discusión sobre las deudas fuera una cuestión meramente administrativa. Cada peso que la OSEF deja de percibir, cada convenio mal estructurado, cada tasa complaciente, cada cuota excesiva, cada demora en el recupero, se traduce en menos cobertura, menos medicamentos, menos prestaciones y más sufrimiento para quienes dependen de la obra social”, resalto Horacio Gallegos y apuntó, “frente a ese panorama, nuestra tarea no se limitó a frenar esos convenios, también impulsamos alternativas concretas”.

Presentación ante la Legislatura provincial

“Presentamos en la Legislatura un proyecto de ley para modificar la conformación del Directorio de la OSEF, eliminar el doble voto de la Presidencia, fortalecer la incidencia de los Vocales Electos y ampliar la participación de los afiliados en la toma de decisiones”, señaló Gallegos y consignó que, “presentamos además otro proyecto para sacar a la OSEF del FUCO, de modo que los recursos lleguen de manera directa a la Obra Social; y promovimos un proyecto de resolución de Directorio sobre recupero coactivo de acreencias, porque entendemos que no alcanza con denunciar el problema: hay que construir herramientas institucionales de gestión para revertirlo”.

“Nuestro compromiso es claro. Frente al gran flagelo social y sanitario que hoy padecen los afiliados de la OSEF, trabajamos desde las pocas competencias efectivas que tenemos para mitigar la crisis, defender el patrimonio de la Obra Social y enfrentar toda decisión que agrave el desfinanciamiento. No vamos a ser cómplices de nuevas transferencias de recursos desde la salud de los trabajadores hacia la comodidad financiera de los deudores estatales. La OSEF no puede seguir siendo una variable de ajuste del poder político. Tiene que volver a ser una herramienta al servicio de quienes la sostienen y la necesitan”, subrayó Horacio Gallegos.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar