Mediante el Subrégimen de Promoción Industrial amparado por la Ley de Promoción Económica, Fiscal y Aduanera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Nº 19.640, las empresas empresas radicadas en esa provincia y adheridas al mencionado Subrégimen, no tributan impuestos nacionales como Ganancias, IVA, Tasas Aduaneras y otros, para favorecer la producción en una región con altos costos logísticos, y fomentar el desarrollo poblacional y la soberanía.

Este nuevo Decreto del Gobierno nacional, el Nº 252/2026 pone en vilo a la industria de Tierra del Fuego, ya que al crear el “Régimen de Aduana en Factoría (RAF)”, permite a las empresas industriales del continente importar materias primas, insumos y componentes, sin pagar derechos de importación ni impuestos internos al momento de su ingreso. El pago de tributos se suspende hasta que el producto final se comercializa; si se exporta, los insumos quedan exentos, y si se vende en el mercado interno, se pagan posteriormente los impuestos correspondientes.

En los considerandos del Decreto Nº 252/2026 se sostiene que la reforma apunta a “simplificar, modernizar y ampliar el acceso al régimen aduanero”, y a fomentar la incorporación de valor agregado local sobre insumos importados.  

Sin embargo, el esquema se inscribe en un marco más amplio de desregulación y apertura que genera tensiones en sectores industriales, donde advierten que la competencia externa, sumado a la baja de la demanda, puede profundizar el desplazamiento de producción local.

El ARTÍCULO 1° del Decreto Nº 252/2026 dice: “Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 688 del 26 de abril de 2002 y su modificatorio por el siguiente: “ARTÍCULO 1°.- Créase un Régimen de Aduana en Factoría (RAF) para las personas humanas o jurídicas titulares de establecimientos industriales radicados en el país y para sus proveedores que, habiendo optado por acogerse a este, acrediten ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMÍA el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aplicación".

La nueva normativa del Gobierno nacional, podría interpretarse como una reducción a los incentivos fiscales para las empresas radicadas, o a radicarse en Tierra del Fuego, al amparo de la Ley Nº 19.640, generando posibles procesos de desinversión y profundizando la pérdida de puestos de trabajo.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar