Durante su alegato ante el Tribunal de Juicio, el Fiscal Daniel Curtale sostuvo que se encuentran acreditados los 22 hechos de estafa investigados y consideró a Córdoba y Arana “coautores responsables” de una maniobra que habría implicado el cobro de dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de supuestas viviendas del plan “128 Viviendas”.

La acusación señala que los hechos ocurrieron antes de 2018 y que varias de las personas afectadas entregaron importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a una solución habitacional gestionada a través del gremio estatal y del IPVyH. Según la hipótesis fiscal, incluso se ofrecían adjudicaciones a personas que no estaban afiliadas a ATE.

Uno de los momentos más sensibles del debate se produjo cuando Arana declaró ante el Tribunal y apuntó directamente contra Córdoba. Según expuso, actuaba bajo órdenes del dirigente sindical y parte del dinero recaudado era entregado en su domicilio. También afirmó haber trasladado fajos de dinero vinculados a entre siete y nueve viviendas.

En las distintas audiencias también declararon damnificados que describieron cómo entregaron ahorros, vehículos y dinero en efectivo para acceder a las viviendas prometidas. Uno de ellos aseguró haber vendido un terreno para pagar una casa que nunca recibió y afirmó que desde el gremio le indicaban que el dinero “era para Córdoba”.

La Fiscalía estimó que la maniobra investigada habría generado una recaudación superior a los 8 millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares, cifras consideradas millonarias para el momento en que ocurrieron los hechos.

En paralelo, Curtale pidió la absolución por el beneficio de la duda para Eric Moscoso Panozo, acusado de lavado de activos por presuntas operaciones relacionadas con la compra de maquinaria vial.

Tras los alegatos de la Fiscalía comenzaron las exposiciones de las defensas, que solicitaron la absolución de los imputados. El Tribunal pasó luego a un cuarto intermedio hasta el viernes, cuando dará a conocer el veredicto. Si la sentencia coincide con el pedido fiscal y establece penas de cumplimiento efectivo, la Justicia podría ordenar la detención inmediata de Córdoba y Arana.

Fuente: radiofueguina.com