La Asociaci�n Argentina de Derecho del Trabajo filial Tierra del Fuego present� en la Legislatura un proyecto para modificar el actual procedimiento de los juicios laborales que alcanzar� a embarazadas que demanden indemnizaci�n por despidos y en el caso de los pleitos monitorios, a aquellos trabajadores cuya deuda con el empleador no supere los 10 salarios.

La novedosa iniciativa busca imprimir m�s celeridad y por ende brindar una respuesta r�pida a determinados casos que en la actualidad, con el procedimiento establecido en el C�digo Civil, muchas veces demandan m�s de tres a�os para resolverse. De esta manera se pretende achicar en algunos casos a la mitad y en las demandas monitorias dar respuesta en un par de semanas.

Los Fundamentos de la Asociaci�n

La Filial fueguina de la Asociaci�n Argentina de Derecho del Trabajo incorpor� al proyecto de modificaci�n del C�digo Civil, en el apartado de Juicios Laborales los siguientes fundamentos:

Dentro de las deficiencias que suelen atribuirse al funcionamiento de la justicia no todas encuentran soluci�n con el aumento de las partidas presupuestarias, sino� tambi�n en la optimizaci�n del proceso y de los recursos que se disponen. Pretendemos brindar una propuesta que no involucra necesariamente un incremento del gasto. Es dif�cil no caer en la tentaci�n de sugerir la creaci�n de nuevos juzgados, sobre todo cuando la saturaci�n es ostensible y la estructura de la justicia laboral es la misma desde la creaci�n del Poder Judicial Provincial, pero cuando ello no est� dentro de la iniciativa de quienes tienen la facultad de decidir, la inmovilidad deviene en denegaci�n de justicia. Frente al acotado margen se deben tomar decisiones a�n cuando �stas no sean del todo satisfactorias.

El aumento de la labor de los juzgados laborales� responde al incremento de la litigiosidad, que en parte encuentra respuesta en el crecimiento incesante de la poblaci�n.� En particular en los� Juzgados del Trabajo ha incidido la modificaci�n del fuero de atracci�n concursal, el conocimiento en grado de apelaci�n de las decisiones de las juntas m�dicas, a partir del fallo �Castillo� de la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n, los reclamos por da�os y perjuicios como consecuencia de lo decidido en el fallo �Gorosito� de nuestro m�s alto Tribunal Nacional, las controversias en orden a la aplicaci�n del Convenio Municipal de Empleo, al incremento de� la planta de empleados p�blicos a partir del denominado megapase, circunstancia que� genera tambi�n un aumento de las causas en materia contencioso administrativo, entre otras razones.

El proyecto de reforma del �Juicio Laboral�, fue tratado en la Comisi�n de Proyectos de la Filial Tierra del Fuego de la Asociaci�n Argentina de Derecho del Trabajo durante un a�o y medio y, luego de un profundo debate, recibi� la aprobaci�n para su presentaci�n.� Nuestra Asociaci�n esta integrada por abogados laboralistas, legisladores, ministros del Poder Ejecutivo, funcionarios y jueces, es decir, por todos los operadores jur�dicos del derecho laboral en la Provincia, circunstancia que garantiza la consideraci�n de distintos enfoques.

Es clave remarcar, junto a Robert Alexy, en el marco de la denominada teor�a de la doble dimensi�n de los derechos fundamentales, que de nada servir�a su reconocimiento constitucional (aspecto subjetivo) si no se cuenta con las acciones procesales (aspecto objetivo) que posibiliten su efectiva realizaci�n. En otras palabras, el mayor reconocimiento de derechos por parte del legislador en miras a proteger la dignidad de las personas que trabajan en relaci�n de dependencia, quedar� vac�o de contenido si no se ponen en pr�ctica los instrumentos procesales necesarios para su goce efectivo y oportuno.

En tal sentido, la mayor dificultad que enfrenta un trabajador se presenta ante la p�rdida de su puesto de trabajo, circunstancia que se agrava si se trata de una trabajadora embarazada, esta realidad debe ser considerada en su real dimensi�n, reconociendo un tratamiento especial como es el proceso sumar�simo. Dicho proceso es propuesto tambi�n para los juicios de menor cuant�a, que habitualmente no son llevados a los estrados por la excesiva duraci�n de las causas. Medidas como las propuestas mejoran el acceso de la poblaci�n a la justicia.

La redacci�n del art�culo 642.1 ha presentado dificultades respecto de la referencia a la autoridad de aplicaci�n, en cuanto a si el �rgano es el administrativo laboral o la Inspecci�n de Justicia y al concepto de �radicaci�n transitoria�.���� Asimismo, ha generado dudas� la determinaci�n� de los actos� pasibles� de notificaci�n al referido domicilio� y sus efectos. Al respecto se propone una redacci�n correctiva.

El principio de inmediaci�n aplicado a la prueba testifical s�lo es una ficci�n si las sentencias se dictan dos a�os despu�s de las audiencias. Adem�s, la impresi�n, que constituye una convicci�n subjetiva (reacciones psicol�gicas del juez que no elabora de acuerdo con criterios intersubjetivamente aceptables), en la medida que no es posible racionalizarla no puede ser expresada ni justificada en la motivaci�n de la sentencia, situaci�n que abre la puerta a la arbitrariedad.���� La exigencia de la presencia inexorable del juez en la audiencia testifical �que no es requerida en otras jurisdicciones-, entra en crisis frente al c�mulo de tareas. La carga diaria promedio del dictado de�� sentencias definitivas e interlocutorias, la firma del despacho, la atenci�n de los abogados, las audiencias de conciliaci�n y� la consideraci�n de las� incidencias menores, permite destinar a las audiencias un m�ximo de entre tres y cuatro� horas de la jornada, lapso que insume el interrogatorio� de no m�s de cinco testigos diarios. Con dicho cupo las audiencias se fijan� pasados los doscientos d�as h�biles, plazo que no resulta razonable para un proceso sumario.

Se deja sin efecto la audiencia de conciliaci�n y contestaci�n de demanda, concentrando la actividad del tribunal y reduciendo as� la carga de audiencias y la duraci�n del proceso. El reproche a la conciliaci�n actual radica en que el tribunal interviene desconociendo la posici�n de la parte demandada, por cuanto la contestaci�n es posterior a la conciliaci�n. La exigencia del an�lisis de� la justa composici�n de derechos que impone el art�culo 15 de la L.C.T., s�lo es posible si se est� en condiciones de evaluar la probabilidad de �xito de la pretensi�n, exigencia que implica indefectiblemente el an�lisis de la demanda y de su contestaci�n. La resoluci�n de conflictos asistidos por terceros id�neos �M�todos Alternativos de Resoluci�n de Conflictos-,� le permite a la justicia concentrarse en su funci�n de imperium. En� nuestra experiencia, para ser efectiva la intermediaci�n del Juez en la b�squeda de la composici�n del conflicto, en ciertos casos se roza peligrosamente el prejuzgamiento.

Se sugiere la eliminaci�n de la obligaci�n en cabeza del juez de incorporar las escalas salariales. Conforme lo establece el art�culo 8� de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde exclusivamente a las partes la individualizaci�n del convenio colectivo aplicable.� De no haberse denunciado, el Tribunal en contradicci�n con la norma, se ve obligado a encuadrar convencionalmente de oficio la relaci�n de empleo, a�n cuando las normas convencionales no integran el broc�rdico "iura novit curia".

Se propone la implementaci�n del proceso de estructura monitoria como una herramienta que permitir� brindar una pronta y eficaz respuesta jurisdiccional a las demandas que tengan por objeto el cobro de salarios adeudados.� Con este procedimiento se permite la tutela judicial efectiva del cr�dito del trabajador, de naturaleza alimentaria, en el menor tiempo posible y sin sacrificar los principios de bilateralidad y debido proceso.

El procedimiento monitorio es una forma diferente de lograr la r�pida conquista de una sentencia que habilite la ejecuci�n. La celeridad se logra dejando al deudor la iniciativa del contradictorio, ya que �ser� el demandado quien est� en mejores condiciones de saber si existe necesidad o no de hacer efectiva la garant�a constitucional de defensa en juicio�, ejerciendo su derecho a ser o�do y en su caso, a producir prueba.

El proyecto contempla la posibilidad de demandar por esta v�a especial los cr�ditos por salarios adeudados, debido a que las �nicas pruebas que resultan admisibles al empleador para acreditar su pago son el recibo de haberes y� la constancia de dep�sito bancario. De tal modo, en caso de presentarse una oposici�n infundada a la demanda monitoria por cobro de salarios adeudados, se establece la aplicaci�n de una multa cuya ratio consiste en persuadir a quien sabe que no tiene razones para oponerse (carece de las pruebas referidas), de no ejercer en forma abusiva su derecho de defensa en juicio con el �nico fin de dilatar el reclamo en el tiempo.

El Proyecto en si

Art�culo � Sustit�yase el art�culo 638 de la ley 147, por el siguiente texto:

Art�culo 638.- Procedimiento aplicable. Las acciones referidas a cuestiones laborales se sustanciar�n por el tr�mite del juicio sumario. Cuando el monto reclamado fuere inferior al previsto en el art�culo 338.1, se optare por el proceso de estructura monitoria o se demande la indemnizaci�n por despido a causa del embarazo, las acciones tramitar�n como juicio sumar�simo. En todos los casos ser�n de aplicaci�n las modificaciones que se establecen en el presente T�tulo.

Art�culo� - Sustit�yase el art�culo 640 de la ley 147, por el siguiente texto:

Art�culo 640.- Beneficio de litigar sin gastos. En los juicios laborales, a�n cuando se funden en disposiciones del derecho com�n, los trabajadores gozar�n del beneficio de litigar sin gastos.

Art�culo� - Sustit�yase el art�culo 642 de la ley 147, por el siguiente texto:

Art�culo 642.- Alternativas procesales. En el proceso regir�n las siguientes reglas: 642.1. El traslado de la demanda y toda notificaci�n que corresponda practicar en el domicilio real del empleador, se efectuar� en el lugar donde se ha cumplido el contrato de trabajo o en el domicilio del principal, a elecci�n de la parte trabajadora.

Los empleadores deber�n constituir domicilio en el organismo administrativo del Trabajo a los fines de ser notificados all� del traslado de la demanda en caso de fracasar las notificaciones previstas en el p�rrafo precedente, hasta dos (2) a�os despu�s de finalizado el contrato de trabajo, bajo apercibimiento de tener por constituido all� dicho domicilio.

642.2. En las causas que tramitan por proceso sumario, una vez contestada la demanda, la reconvenci�n, o resueltas las excepciones, el Juez fijar� su objeto y� para intentar una conciliaci�n podr� derivar el litigio a otros medios alternativos de resoluci�n de conflictos. La incomparecencia injustificada a la audiencia que convoque el conciliador, ser� sancionada por el Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.12. En este caso, el plazo que establece el art�culo 642.3 quedar� suspendido� hasta el momento que se dicte auto reanudatorio.

642.3. Hasta tres (3) d�as despu�s de notificado el auto reanudatorio, las partes deber�n ofrecer todas las pruebas incluso la instrumental que no hubiesen presentado.

642.4. El Juez dictar� auto de apertura a prueba dentro de los diez d�as de presentado el �ltimo escrito de ofrecimiento de prueba.

642.5. El juez presidir� la audiencia de testigos a solicitud de cualquiera de las partes.

Art�culo� - Sustit�yase el apartado primero del art�culo 643 de la ley 147, por el siguiente texto:

Art�culo 643.- Medidas cautelares.

643.1. Antes o despu�s de deducida la demanda, el Tribunal, a petici�n de la parte trabajadora, podr� decretar medidas cautelares contra el demandado siempre que resultare acreditada prima facie la procedencia del reclamo, sin necesidad de acreditar el peligro en la demora, dentro del t�rmino de tres (3) d�as de solicitadas.

Art�culo� - Sustit�yase el art�culo 645 de la ley 147, por el siguiente texto:

Art�culo 645.- Proceso de estructura monitoria. Cuando la pretensi�n del trabajador persiga el cobro de salarios adeudados por un monto nominal que no exceda el importe equivalente a diez (10) salarios m�nimo vital y m�vil (SMVM), �ste podr� solicitar al Juez que se decrete el requerimiento de pago consistente en la intimaci�n al deudor, para que pague dentro de los cinco (5) d�as de notificado; o en su defecto �en id�ntico plazo-, se oponga al progreso de la pretensi�n contestando la demanda, bajo apercibimiento de otorg�rsele al requerimiento de pago el car�cter de t�tulo ejecutorio y de proceder a su ejecuci�n en la forma dispuesta por el art. 434 y sgtes.

645.1. El escrito de demanda deber� cumplir con los requisitos exigidos en el art. 345. El Juez negar� la admisi�n de la demanda por auto fundado en los siguientes casos:

a) Si no se demandare el cobro de suma l�quida y exigible.

b) Si no se acompa�a con el escrito de inicio la prueba documental del derecho que se alega y aquella que acredite la intimaci�n previa al deudor.

c) Cuando el derecho que se alega est� subordinado a una contraprestaci�n o condici�n, a menos que el trabajador acredite sumariamente� el cumplimiento de la contraprestaci�n o la verificaci�n de la condici�n.

645.2. El requerimiento de pago ser� dictado en la forma prescripta por el art. 175 y expresar�:

El Tribunal que lo dicta y su domicilio;

El nombre, apellido y domicilio del trabajador y del demandado;

La constancia que el Tribunal no ha efectuado el an�lisis sobre la procedencia de la pretensi�n invocada;

El monto de la deuda, con los intereses reclamados, dejando constancia que se eximir� de abonar la tasa de justicia al demandado en caso de efectuarse el pago tempestivo mediante dep�sito judicial en la cuenta perteneciente al expediente, en el Banco de la Provincia y a nombre del Tribunal;

El apercibimiento de que ante la falta de pago u oposici�n documentada en el plazo conferido, la orden provisional se convertir� en t�tulo ejecutorio.

645.3. Si el intimado no formulare oposici�n contestando demanda dentro del plazo mencionado, no podr� hacerlo en el futuro, a excepci�n de los supuestos previstos en el apartado siguiente, y se proceder� como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en la forma dispuesta en el apartado anterior. La falta de oposici�n no obstar� a la impugnaci�n de la condena en costas y la regulaci�n de honorarios mediante el recurso de reposici�n con apelaci�n en subsidio, que tramitar� por v�a incidental, sin suspender la ejecuci�n del cr�dito del trabajador.

645.4. Tras la expiraci�n del plazo conferido el demandado tendr� derecho a solicitar al Juez una revisi�n del requerimiento de pago cuando concurran las siguientes circunstancias:

a. Cuando el requerimiento de pago no haya sido notificado mediante la forma dispuesta en el art. 353.

b. que se haya visto en la imposibilidad de impugnar la deuda por razones de fuerza mayor o por circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad, debidamente acreditadas.

En ambos supuestos, la presentaci�n deber� efectuarla dentro del quinto (5) d�a de haber tomado conocimiento del requerimiento de pago.

645.5. Formulada la oposici�n en tiempo oportuno por el intimado, el requerimiento de pago quedar� sin efecto y no podr� procederse a la ejecuci�n forzosa del cr�dito reclamado.

645.6. Si durante la sustanciaci�n del juicio de conocimiento se probare la procedencia de la acreencia pretendida por el trabajador, ante la oposici�n al requerimiento de pago, se le impondr� al demandado una multa a favor del trabajador equivalente al 30%, sobre la base del importe de la liquidaci�n aprobada, comprensiva del capital, intereses y costas, a petici�n de la parte actora. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, mediante resoluci�n fundada, podr� el juez reducir prudencialmente la multa dispuesta por el presente art�culo, hasta la eximici�n de su pago.

Art�culo� - Sustit�yase el art�culo 646 de la ley 147, por el siguiente texto:

Art�culo 646. Sentencia. Recursos. En la sentencia se resolver� de conformidad a lo probado en autos, pudiendo el Tribunal pronunciarse a favor del trabajador en forma ultra petita, pero no podr� comprender rubros no reclamados en la demanda. El plazo para apelar las sentencias definitivas y las resoluciones en materia de medidas cautelares ser� de seis (6) d�as.

La apelaci�n contra sentencias definitivas se conceder�, en todos los casos, con efecto suspensivo.

Fuente: eldiariodelfindelmundo.com