"Tenemos dos vocales que pueden ejercer el derecho que les autorizó la Legislatura para tener a sus relatores de confianza y a uno de sus pares en una actitud mas propia de una mafia que de un funcionario público, dejan sin efecto la designación de sus relatores", manifestó.

Consideró que, “esta situación es de una gravedad institucional sin límites y registración histórica".

"Longhitano ha querido tomar un montón de medidas que no las ha podido llevar adelante por no ponerse de acuerdo con Caballero. Y desde la asunción de Pani lleva adelante cuanta iniciativa se le ocurra con su apoyo", aseguró. 

"El principio del quiebre fue cuando se dejó sin efecto la designación de la Prosecretaria, a cargo de la Secretaría, y modificaron el reglamento interno para poner a otra persona con el único fin, escrito en la resolución plenaria, que es para tener una persona de confianza de Pani y Longhitano, porque la persona que estaba no respondía porque tenía un acercamiento con el contador".

"Por distintos actos plenarios que han venido sacando han tenido una actitud de menoscabo hacia los mismos trabajadores". 

"Entiendo que hoy se maneja como un organismo político, no de control", denunció.

Dijo que, "en este momento estamos en conflicto, con medidas de fuerza en el organismo porque hay un hartazgo de parte del personal por un montón de decisiones arbitrarias que se han venido tomando. La última fue la reducción de una semana de vacaciones al personal y contra eso hacer un convenio con el poder judicial donde dispone de los contadores profesionales, como si fueran de su propiedad, dentro y fuera del horario de trabajo para que presten servicio de síndicos en el Poder Judicial. Los profesionales no dieron su voluntad para que los involucren en algo de este tipo. Estamos haciendo las presentaciones del caso por este tema. Si el Poder Judicial no tiene síndico, no da derecho al Tribunal de ofrecer la nómina de profesionales para disponer como quieras".

"En el año 2004, cuando estaba Colazo en el Gobierno, en el marco de la aprobación del Presupuesto de la provincia se habían aprobado 10 cargos de gabinete del Poder Ejecutivo para que cumplan funciones como relatores en el Tribunal de Cuentas. Eso fue objetado por el sindicato en su momento. La ley 50 dice que todos entran por concurso. Y eso se rompió cuando ingresaron personal de gabinete. Por lo tanto, la designación de los relatores es una cuestión política, avalada por los Legisladores. Los vocales pueden nombrar sus relatores de planta permanente, es una discusión que propuso el sindicato y perdió porque la Legislatura respaldó la continuidad de una situación denunciada como irregular", recordó.

"Considero que es de una gravedad institucional que solamente los Legisladores podrán subsanar que dejan plasmado en un acto público como un acuerdo plenario como único fundamento y causal para tomar esa decisión la reunión mantenida con los legisladores. Además ratifican que tiene que haber habido un acuerdo político porque cuando resuelvan y dejan sin efecto las designaciones ponen en el documento que deberá ser notificado a la Legislatura. Jamás en la historia de este organismo se ha informado a la Legislatura a quien se designa o a quien se le acepta la renuncia".

"Evidentemente le plantearon a los legisladores que no querían a Caballero dentro del Tribunal de Cuentas. Los Legisladores se mantuvieron al margen y los vocales creyeron que podían tomar decisiones con el aval de los Legisladores".

"Esto es muy turbio, muy cuestionable. Es una manera de entregar la autonomía que debería tener el organismo", dijo.

"No me cabe la menor duda que van por Caballero. El primer embate fue cambiar el reglamento para cambiar al secretario contable, para empezar a neutralizar al presidente", consideró.

 

Fuente: sur54.com.ar