En la primera semana del cese total de actividades en las Universidades Nacionales, la adhesión a la medida continuaba superando el  90%. En el marco de la profundización del plan de lucha, el Ministerio de Educación convocó a Mesa de Negociación Salarial para el próximo lunes a las 16. Vale recordar que la última paritaria se realizó el pasado 13 de mayo.

El relevamiento es hasta junio de este año, por lo que la cifra podría ser todavía mayor. No se contabilizan las cesantías en los estados provinciales y municipales. Según los gremios se trata de la tercera reforma del Estado.

Desde Ushuaia a La Quiaca, fueron más de 240 mil los trabajadores y las trabajadoras que fueron hoy a las urnas en un claro ejemplo de libertad y democracia sindical, entendiendo que la CTA Autónoma es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos de la clase obrera.

El Consejo Directivo Nacional de la UDA repudia la política salarial llevada adelante para con los trabajadores de la educación y se declara en estado de sesión permanente. En la reunión del Consejo de Salario no hubo acuerdo entre el empresariado y la Confederación General del Trabajo.

Ningún Diputado de Cambiemos, incluidos los de Tierra del Fuego, Héctor  Stefani y Gastón Roma, bajó a la sesión especial solicitada por el Frente Renovador y el bloque Justicialista por lo que no se pudo habilitar el tratamiento del proyecto que pretendía derogar el decreto del Ejecutivo referido al recorte de asignaciones familiares para los patagónicos.

Pablo Micheli responsabilizó a sector disidente que encabezan Ricardo Peidro y Héctor Godoy de ser los responsables de la injerencia del Ministerio de Trabajo en la vida internad de la CTA-A.

El Secretario General de la UDA y Secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, se reunió en la Casa Rosada con el Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y otras organizaciones docentes. Tras la reunión se anunció que el FONID continuará siendo abonado como hasta ahora.

En el día de la fecha, la CTA-A interpuso un recurso del artículo 62 de la Ley Sindical que suspende los efectos de la disposición del Ministerio. Además, el equipo jurídico estudia la responsabilidad penal de los firmantes y de los funcionarios que dispusieron una medida arbitraria e inconstitucional.