Luego de que el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que dirige Hernán Lombardi, notificara que 180 contratos no serán renovados en 2018, los trabajadores afectados tomaron el hall del Centro Cultural Kirchner y aseguraron que permanecerán ahí hasta tanto se revea la decisión. Lombardi confirmó la decisión de desarticular la unidad de generación de contenidos.

Los trabajadores de la televisión dieron el visto bueno para que la conducción gremial avance en la firma definitiva de la paritaria de canales abiertos y productoras.

Un Plenario de Delegados de la administración pública central resolvió continuar enfrentando el achique del Estado en el inicio del 2018. Parablemente, este miércoles 27 habrá una movilización al Ministerio de Defensa, y el jueves 28 Jornada Nacional de Lucha y Asambleas en todo el país. 

La presentación la realizó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Un caso parecido al que promoviera el Intendente del partido de San Martín, Gabriel Katopodis, quien catalogó a la norma de “regresiva”.

Obreros de la empresa Oil Combustibles de la refinería de San Lorenzo se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente, ante el temor por la pérdida de 400 puestos de trabajo. La empresa opera el mínimo de su capacidad. 

La CTA Autónoma denuncia y repudia la campaña de criminalización que viene llevando adelante el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Cuarto, Córdoba, Mauricio Dova contra Federico Giuliani, Secretario General de la CTA de esa ciudad.

Cuando se esperaban una lluvia de amparos individuales contra la Reforma Previsional, apareció en la cancha un Juez que le permitió al Gobierno concentrar todas las demandas en un solo juzgado, el suyo, en una maniobra que está despertando sospechas que en las próximas horas pueden entrar en ebullición y agregar un escándalo más a la iniciativa del Presidente Macri de ajustar jubilaciones y prestaciones sociales.

Por la reforma previsional que impulsó el Gobierno ahora la tasa de sustitución que determina el haber inicial al momento en el que un trabajador activo se retira baja un 30%, en relación a lo que cobraría si no se hubiera aprobado la polémica ley.