En el mes de enero se registraron 3.692 despidos y suspensiones, la mayoría en el sector privado, según un nuevo informe, que refleja también que la industria fue la más afectada durante el primer mes de 2017.

La Asociación Bancaria confirmó que este jueves y viernes no habrá atención al público durante la realización de asambleas en las que se empezará a definir si el gremio convoca a un paro nacional.

Este Gobierno, como el anterior, mantiene el sector energético privatizado y solo garantiza con estas modificaciones de los valores finales de la electricidad consumida, la mejora de la tasa de ganancia de las empresas privadas.

Así se manifestó el Secretario General de SECASFPI por la Letra del Tesoro por $17.000 millones que el Ministerio de Finanzas le colocó al organismo previsional para financiar al Estado. También habló sobre Cantlon y el desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La Bancaria iniciaría la semana próxima las medidas de fuerza que desembocarían en un paro si no cobran un anticipo a cuenta de aumentos ya acordado. Su titular, Sergio Palazzo, denunció “presiones desde el gabinete” para que los bancos no lo paguen.

Con una masiva presencia de trabajadores de UDA su Secretario General, Sergio Romero, realizó un muy efusivo discurso durante el cual no solo responsabilizó al Gobierno por el actual conflicto, sino que también anuncio un plan de lucha que incluye el no inicio de clases.

El Secretario Gremial de la Federación Nacional Docente y referente de Alternativa Docente, destacó que “el Presidente y sus Ministros tienen sueldazos de privilegio: Macri gana $ 173.473, con un aumento de más de 42.000 pesos. El Ministro Bullrich, de Educación, gana $152.908, casi $ 2 millones al año”.

Ante anuncios de los ministros Esteban Bullrich y Frigerio (Educación e Interior) de que la Paritaria Nacional Docente dejaría de lado el tratamiento salarial de los maestros, las organizaciones que suscriben esta declaración, reafirman la defensa irrestricta de las negociaciones colectivas paritarias establecidas por ley, y plantean su mayor democratización, con la participación de todos los sectores, libres y sin techo; en un contexto que contemple a las provincias como integrantes de la Nación y no como jurisdicciones aisladas, libradas a su suerte y al arbitrio de gobiernos feudales, como ocurre en algunas provincias.