La seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado tuvo que realizar las elecciones de delegados de la Casa de Gobierno en la calle ante la prohibición de las autoridades de Balcarce 50 para llevarlas a cabo en el interior del edificio. Una medida que no tiene antecedentes y que se enmarca en la política antisindical del macrismo.

A partir del 1° de setiembre, Radio Nacional Río Grande dejará de emitir su programación local por la señal de FM 88.1, para hacerlo solo por la señal de AM 640. La medida está “acompañada” de reducción de horas extras y eliminación de turnos los fines de semana.

La multinacional sigue su plan de ajuste. Ofrece retiros voluntarios y reubica a quienes resisten. Según las cifras del INDEC en dos años se perdieron 5.400 puestos de trabajo en los supermercados.

Fuertes críticas a la cartera laboral nacional por parte de Asociación de Médicos de la Actividad Privada, quienes denuncian que muchas clínicas, sanatorios y obras sociales tienen a un alto porcentaje de su personal no registrado.

Abrieron una mesa de trabajo para analizar la actualidad de la segunda cadena de valor más importante del país, golpeada por la caída del mercado interno y las importaciones.

Un informe del Observatorio del Derechos Social expone que “desde septiembre de 2015 la cantidad de trabajadores registrados en la industria manufacturera ha venido disminuyendo ininterrumpidamente. Tierra del Fuego tiene un retroceso del 25% interanual”,

La empresa, que ya cerró sus plantas de Baradero y Munro, decidió no seguir en instancia de conciliación y ratificó los 24 despidos. El gremio de Químicos realizará paros sorpresivos en reclamo de la reincorporación.

Desde el 11 de Agosto Santiago Seillant, Secretario del Interior del SEOM, está detenido en la localidad de San Pedro (Jujuy). Luis Orellana, abogado del sindicato, explica en esta entrevista por qué sigue detenido, por qué denegaron el cese de detención, cuál es la realidad de las y los trabajadores precarizados, y la criminalización de la protesta en Jujuy como parte de una política nacional que busca judicializar las luchas populares.