Las centrales obreras rechazan discutir aumentos en torno al 18 por ciento. De cara a las próximas paritarias, buscan que las mejoras sean cercanas al 23%, teniendo como referencia la inflación.

Luego de más de dos años de espera, el Sindicato de Trabajadores de Vigilancia Privada obtuvo la resolución que permite su inscripción gremial.

El Secretario General de la CTA, Pablo Micheli, consideró que las medidas que impulsa el Gobierno confirman que, "están dispuestos a hacer lo mismo que ya se hizo en los ’90". Aseguró que, "las protestas van a brotar como hierba". Y volvió a pedir la unidad de acción con la CGT: "Sería lamentable que Moyano siga esperando un llamado de Cristina".

El Secretario de Derechos Humanos de la central obrera, Julio Piumato, cuestionó el decreto de necesidad y urgencia que permite revisar los aumentos salariales otorgados por las dependencias estatales. "Agrede los salarios de los trabajadores", criticó el líder judicial.

La medida de fuerza fue lanzada por el sindicato que nuclea a empleados aduaneros en protesta de la resolución que aumenta las horas de trabajo.

Mientras que en el Boletín Oficial se publicaba la entrada en vigencia de la Ley Antiterrorista, en la CTA Nacional se llevaba a cabo una conferencia de prensa anunciando la firme decisión de la Central, partidos políticos, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos de luchar por la anulación de la legislación que criminalizará aún más la protesta social. La conferencia finalizó con la convocatoria a marchar el jueves 29 a las 17 horas de Avenida de Mayo y Nueve de Julio a Plaza de Mayo.

Gremialistas y empresarios llegaron a esa cifra en una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo. Recibirán además una compensación de $200 no remunerativos. Retomarán las conversaciones en marzo del año próximo.

El reclamo surge desde el Consejo Directivo Nacional y la norma tiene por objeto promover la vinculación de la educación técnico profesional con el mundo laboral