“No vamos a aceptar que nuestros salarios se licuen por inflación. El Gobierno quiere empobrecernos. Serán los únicos y exclusivos responsables del aumento de la conflictividad”, indicó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

Los empleados estatales podrán negociar los aumentos salariales con el mismo presupuesto del que disponga cada dependencia este año. Como el presupuesto de este 2024 será en términos nominales igual al del año anterior porque fue prorrogado por el Gobierno Nacional, ante la alta inflación que se viene registrando, se prevé una fuerte licuación de los salarios.

La paritaria de los choferes de colectivos del AMBA sigue sin definición y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se encamina a la convocatoria a un paro nacional en demanda de mejoras salariales urgentes.

Tras una nueva tanda de 50 administrativos despedidos, denuncian una política de vaciamiento del CONICET impulsada por el Gobierno nacional, ahogo presupuestario, y falta de conducción.

La resolución del Banco Central de la República Argentina que impide a las entidades bancarias realizar adelantos para asegurar el pago de haberes del sector público impacta directamente en el personal de las Universidades Públicas, muchas de las cuales ya están comunicando que no podrán abonar los sueldos hasta que el Gobierno nacional realice las transferencias correspondientes en fecha no determinada.

Luego de la decisión del Gobierno de intervenir el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), ATE aseguró que no hay motivos que justifiquen esta medida. “Cumple un rol esencial a la hora de garantizar la pluralidad de voces, la inclusión digital, y el acceso a la información de todos los sectores sociales”, señaló el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.

Se acordó un aumento no remunerativo de 20% para enero, tomando como base para su determinación el mes de diciembre, con todos sus montos remunerativos y no remunerativos, más un ajuste de 11%.

Un Juez Federal de La Plata hizo lugar a un hábeas corpus solicitado por habitantes de la provincia de Buenos Aires. Las fuerzas federales no podrán requisar sin motivo a los militantes ni tampoco filmar sin justificación alguna.