El enfoque de las políticas de regreso al trabajo debe centrarse en las personas, situar los derechos y las normas internacionales del trabajo en el meollo de las estrategias económicas, sociales y medioambientales, y apuntar a que las directrices de política general estén integradas en los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Los últimos datos de la OIT sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral revelan su efecto devastador en los trabajadores de la economía informal y en cientos de millones de empresas en todo el mundo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los gobiernos e interlocutores sociales, entre otras partes interesadas, deberían considerar la crisis del COVID-19  como una llamada de advertencia para fortalecer sus sistemas de protección social.

Este miércoles realizan un paro en Argentina, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Perú y España, una medida que apuntará a visibilizar la precarización que denuncian los riders a raíz del coronavirus. En muchos países, los gobiernos declararon esencial a la actividad sin aplicar regulaciones ni disponer de protocolos de protección. Piden un aumento del 100% del pago por los pedidos y elementos de seguridad e higiene.

Una evaluación inicial del impacto de COVID-19 en el mundo laboral mundial indica que los efectos serán de gran alcance, llevando a millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral, y propone medidas para una respuesta decisiva, coordinada e inmediata.

Los trabajadores de la estatal Petrobras iniciaron una huelga indefinida en todo el país en protesta por el cierre de una fábrica de fertilizantes que causará el despido de cerca de 400 empleados y por incumplimientos en el acuerdo laboral colectivo.

Nadie conoce los detalles de la reforma de las pensiones en Francia, pero las líneas maestras, ya desveladas, han bastado para desencadenar una de las mayores movilizaciones de los últimos años. La huelga masiva en el transporte ferroviario ha marcado en la mañana de este jueves el inicio de la primera jornada de protestas.

La Central Obrera Boliviana (COB) dio un plazo de 24 horas a cívicos y políticos para el restablecimiento de la paz social en Bolivia, caso contrario esa organización declarará un paro nacional y el repliegue de todos sus afiliados a la ciudad de La Paz, informó este martes 12 de noviembre el principal dirigente cobista, Juan Carlos Huarachi.