A juicio de la Secretaría Gremial, este proyecto otorgaría facultades al Poder Ejecutivo que son similares a las que en su momento implementó el Gobierno de Manfredotti con la Ley 460. Si se lee atentamente, se estaría suspendiendo, dado que no lo deroga explícitamente, el Estatuto Provincial del Docente Ley 631/04 y los acuerdos Paritarios. Esto se expresa en el artículo 7 y 12.

Artículo 7º.- Revúcase a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley toda designación, nombramiento y acto administrativo que haya implicado ingreso a planta de la administración centralizada y descentralizada y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo a partir del 1 de Diciembre de 2013.

Artículo 12º.- Facúltase al Ministerio de Educación a adoptar todas las medidas necesarias, con relación al recurso humano disponible, a fin de asegurar mientras permanezca el estado de emergencia declarado, la no interrupción del servicio educativo a cargo del Estado Provincial, debiendo en consecuencia proceder a redistribuir y reubicar a todo el personal que se sostenga con recursos económicos de dicha jurisdicción dentro de la misma, no pudiendo prestar servicios dicho personal en otra jurisdicción del Poder Ejecutivo Provincial.

 

Para el sector salud va más allá:

Artículo 11º.- Facúltase al Ministerio de Salud a adoptar todas las medidas necesarias, con relación al recurso humano disponible, a fin de asegurar mientras permanezca el estado de emergencia declarado, la no interrupción de las prestaciones sanitarias básicas y esenciales a cargo del Estado Provincial, pudiendo en consecuencia proceder a:

a) Contratar profesionales de la salud para las áreas que lo requieran;

b) reubicar al personal hospitalario de esa jurisdicción según las necesidades que requiera la emergencia, en el efecto de revista;

c) declarar la disponibilidad horaria permanente del personal de dicha dependencia, sin que ello implique exceder la carga horaria semanal de labor;

d) disponer, en caso de extrema urgencia, la afectación de los recursos humanos existenciales que revistan en otros sectores, a los servicios de guardias y/o emergencias del mismo hospital.

Con la sola lectura es evidente que conculca derechos. En vez de buscar limitar al Poder Ejecutivo (como se ha dicho), le da la posibilidad al Gobierno de Fabiana Ríos de imponer un ajuste más profundo que el que ya viene aplicando a los trabajadores estatales.

En este sentido, es importante evidenciar que TODOS los sectores de poder en la provincia se perfilan de cara al futuro.

Por ello, desde la Comisión Directiva Provincial rechazamos todo intento de cercenamiento de derechos y  de limitación de las garantías constitucionales. Exigimos que se investiguen los nombramientos, las licitaciones y  todo acto de la administración Ríos. Esto se ha evitado con la interrupción del juicio político. Y es altamente repudiable, que se trate de deslindar responsabilidades de los poderes legislativo y judicial en tal proyecto, como si éstos fueran una “pinturita”.

En síntesis, no vamos a permitir que nuevamente se pretenda “cortar el hilo por lo más delgado”, que se le dé más facultades que las que ya se le ha dado a un Gobierno que, con su política de desinversión en Educación, Salud y su falta de atención a los reclamos de los trabajadores de la educación, han llevado a los mismos a tomar medidas nunca deseadas. No estamos dispuestos a volver a vivir las políticas de ajuste, ya lo expresamos en mayo, por ello pediremos al Bloque autor del proyecto que lo retire y, en su defecto, que el resto de los bloques no lo traten o lo envíen a archivo.

Exigimos un verdadero control e investigación al Poder Ejecutivo; inversión en el Sistema Educativo y plena vigencia de todos los derechos laborales.

 

Comisión Directiva Provincial - Junto a los docentes siempre!!!!