El abogado del SUTEF, decidió hacer públicas las presuntas irregularidades que motivan su acusación a la justicia de parcialidad y obediencia al poder político. Indicó que, “hace una semana nos notificaron de que la próxima semana empieza uno de los juicios más importantes en materia política y sindical de los últimos 15 años”, dijo de una causa que, “tiene 14 cuerpos, 33 imputados y más de 50 testigos”.
“No es una práctica usual por parte de los tribunales de juicio notificar de juicios de semejante envergadura con tan poca anticipación”, aseveró, recordando que, “el código establece que deben ser no menos de diez días hábiles”.
“Esto tiende a garantizar el derecho de defensa. No hay posibilidades materiales de preparar la mejor defensa para esa cantidad de imputados en tan poco tiempo”, sostuvo.
Coincidió con la opinión del abogado Francisco Giménez en que, “cuanto menos es desleal esta actitud del tribunal”.
“Sabemos que los tribunales orales tienen una cartelera donde publican los juicios orales programados y este juicio no estaba programado. Estaba previsto para abril, mayo o junio del año que viene. Se apresuró todo, dejando manchas en ese procedimiento, que nos hace tener la convicción de que es una decisión política enjuiciar a docentes y camioneros en noviembre”, afirmó.
“No corresponde a la justicia tomar una decisión política. Es un poder independiente que basa su independencia no en el apoyo popular, porque la gente no los elige, sino en un concurso donde deben acreditar idoneidad técnica y moral para el cargo”, planteó en el marco de la dependencia que observa según su criterio, del poder político.
“La preocupación es que, a partir de ciertas decisiones que toma de un modo injustificado el tribunal oral, nos hace estar convencidos de que la justicia se está prestando como herramienta política de las decisiones del poder ejecutivo. Uno puede entender la obstinación por parte del gobierno de Fabiana Ríos para que los docentes sean condenados. La sensación es que ya están condenados, y lo podemos entender por algún resentimiento, alguna cuestión personal o política en que están inmiscuidos. Pero para llevarlo a cabo no se pueden valer de la justicia”, enfatizó.
Barajó que, “debe haber un nexo entre el poder político y el judicial que les permita hacer esto, dado que desde el tribunal suspendieron tres audiencias fijadas en el cronograma, para poner esto, cuando hay gente privada de la libertad. Por la legalidad misma tienen prioridad para ser juzgados porque están privados de la libertad sin una sentencia en su contra”, dijo de los que deberán esperar al año próximo por la decisión de incorporar ahora el juicio contra docentes y camioneros.
“Está en juego la credibilidad del Poder Judicial y nos pone en riesgo a todos los que mañana podemos estar en la vereda opuesta del poder político y no quedamos exentos de que utilicen a la justicia”, advirtió.
“Hoy lo están forzando y el poder judicial no tiene justificativo para forzarlo. Suspendieron las audiencias y, como defensor, me notifican el día 21, el mismo día que toman la decisión de fijar la fecha y designan el presidente del tribunal. Es exactamente el décimo día hábil antes del 4 de noviembre”, precisó.
Sin embargo este plazo no se respetó para todos. “Si a nosotros nos dicen que empieza en abril el debate, nos podemos preparar. El código procesal dice que se va a fijar fecha de audiencia una vez que finalicen los plazos de citación a juicio y la instrucción suplementaria, que es la etapa de investigación y recolección de pruebas. Al momento de fijar la audiencia, no estaba terminada la instrucción suplementaria. No pueden elegir qué ley cumplir y qué ley no”, cuestionó el letrado.
“Vamos a discutir esa legalidad pero esto es un síntoma haber transgredido la norma. Lo están forzando”, reiteró de la elevación a juicio antes de que Ríos finalice el mandato.
Agregó que, “el informe socio ambiental es necesario para cualquier juicio. Es una entrevista con una asistente social a los efectos de determinar el tipo de vida, trabajo, contexto familiar. Es uso y costumbre del juzgado que se realice este informe y después se fija la fecha de audiencia. Pero tenemos un debate oral en cuatro días y todavía no terminaron el informe socio ambiental”, aseguró.
“Están demostrando que no actúan con la imparcialidad y la independencia que el poder judicial requiere. Los diez días hábiles deben empezar a correr a partir de la última notificación a todos los imputados y eso tampoco se cumplió. Hay imputados notificados con cinco días hábiles de anticipación y hoy vamos a pedir ante el tribunal la nulidad de ese plazo. Es una garantía procesal al derecho de defensa”, remarcó.
Tuvo en cuenta la posibilidad de que sea denegado y citó, “el antecedente reciente de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, por avasallamiento de derechos constitucionales de legítima defensa. El Superior ha entendido en la causa de Queno por ejemplo, que se podía producir un daño irreparable”, recordó de las objeciones a su postulación para un tercer mandato, que habilitó un pronunciamiento en tiempo récord.
“Hoy se hace esta presentación al tribunal oral. Por la calidad de lo que se está planteando, seguramente lo resolverá con premura y estamos seguros de que mañana o el lunes lo va a rechazar. Vamos a solicitar que se postergue el juicio y vamos a tener listo el recurso de casación para presentarlo”, confirmó.
Espera que la corte fueguina resuelva “con la misma premura” del caso de Claudio Queno, y “lo fundaremos debidamente sobre los derechos constitucionales que se están avasallando”, dijo Sánchez Otharán.
“El daño a la sociedad que se ocasiona por la celebración del juicio no tiene posibilidad de reparación, ni jurídica, ni social”, sostuvo.
En caso de celebrarse el juicio, anticipó que, “la sentencia no va a pasar de noviembre. Vamos a suponer que tarde dos o tres semanas el juicio, y luego de los alegatos el dictado de sentencia es inmediato”, por lo que quedaría cerrado el caso antes de la asunción del 17 de diciembre de las autoridades electas.
El letrado no obvió “el hecho político” detrás de este juicio, por la resistencia sindical que se advierte a posibles reformas que impulsará el nuevo gobierno y se preguntó “qué se quiere lograr con el juicio ahora?”, pidiendo a la sociedad que no piense únicamente en Horacio Catena. “Son 17 los imputados docentes y otro tanto los camioneros, y van a ir a juicio por resistencia a la autoridad. Toda su familia está preocupada, temen por su trabajo, por su paz diaria. La opinión pública está recibiendo información tergiversada y la Gobernadora no puede salir a acusarlos de robo, daños o hurto, porque ninguno está acusado de eso y genera una percepción falsa en toda la sociedad de todo lo que ocurrió ese día. Quieren que la sociedad haga lo mismo que ellos: que ya estén condenados antes de cualquier juicio”, concluyó.

Fuente: sur54.com.ar