En plenario provincial de Secretarios Generales, la Asociación Docentes de Santa Cruz ajustó detalles de la movilización que acompañará los próximos 25 y 26 de noviembre en Caleta Olivia, para manifestarse ante el Juzgado Federal N° 1 donde se desarrollarán las audiencias del juicio oral y público a dirigentes y padres, por un corte de ruta en el año 2011.
Omar Latini, actual delegado de ADOSAC ante la CTERA y uno de los imputados, garantizó que para la oportunidad anticiparon su presencia gremios docentes de Rosario, Neuquén, SUTEBA de La Plata, de La Matanza, del ADEMIS de Capital Federal, al igual que delegaciones de Chubut y Tierra del Fuego.
Según indicó a TiempoSur, a la abogada que ha venido llevando esta causa, Verónica Heredia de Comodoro Rivadavia, ligada a la defensa de causas referidas a las luchas sociales, se sumaron como co defensores, la doctora Claudia Ferrero del Partido Obrero, Enrique Papa de ADOSAC y desde Bariloche llegará Marina Schiffrin, la primera docente llevada a juicio por este tipo de luchas sociales, recibida como profesional, que asiste a los juicios y audiencias relacionadas con estas causas.
Más allá de la defensa, Latini consideró “claro” que “hay un absurdo rastrillaje en el Código Penal, para intentar acallar la protesta social” siendo que sobre todo en la zona norte, “más de una vez, el pueblo ha tenido que salir a reclamar a la ruta, por trabajo, por educación, por salud, o por algo tan elemental como es el agua”.
El dirigente, dijo que además, con miras a jornadas de paro y movilización, se está desarrollando una campaña escuela por escuela, donde los docentes están firmando adhesiones y se sacan una foto con un cartel donde señalan que defender la Educación no es ningún delito”. “Estamos muy tranquilos, porque contamos con un absoluto respaldo de los trabajadores, de los vecinos y organizaciones, donde ADOSAC y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma Santa Cruz, “están jugando un papel central en cuanto a organización para garantizar la defensa de los cuatro compañeros que estamos involucrados en esta causa”, dijo.
Latini recordó que además de él, junto a Daniel Gómez, que en aquel momento era el secretario general de la filial de ADOSAC, también están Marcelo Zabala, policía retirado, actualmente radicado en el Chaco que realiza tareas comunitarias en el Impenetrable en servicio de una Iglesia Evangélica y Alberto Francés, ex trabajador enfermero del Hospital Zonal. Eran ambos integrantes de la Comisión de Padres Autoconvocados que salieron a reclamar por el derecho a la Educación de sus hijos, en el marco de un conflicto salarial que llevaba adelante la ADOSAC.
En Caleta Olivia, el viernes, tras el plenario provincial que ratificó paro docente provincial, para las dos jornadas de juicio oral y público de los trabajadores, el titular de ADOSAC Pedro Cormack, los imputados y la defensa, en conferencia de prensa coincidieron en rechazar “la criminalización de la protesta como parte del ajuste que quieren llevar adelante tanto el gobierno provincial como nacional”.
“Se intenta generar miedo y esto no puede pasar más es algo nefasto considerar la protesta social como un delito", enfatizó el dirigente. A su turno Ferrero, referente de derechos humanos y defensora de los imputados cuestionó que "no es solamente un caso de criminalización de la protesta social, sino que acá se ha ido a perseguir a los referentes de la organización de esa protesta”.
Para la letrada, “la elección de los imputados, no es casual y es un ataque no solamente a la criminalización de la protesta social, sino a las reservas de la organización tanto gremial, política o autoconvocada de la gente cuando se pone de pie para en este caso defender la educación pública y organizarse".
"Creemos que esta es un causa contra los derechos básicos de la Constitución Nacional, como los de peticionar, derecho a expresarse, a movilizarse y que no debería tener otro desenlace que la absolución de los compañeros”, remarcó
También Papa rechazó que “la acusación que se le hace a los compañeros por el artículo 194 del Código Penal, que es entorpecimiento al Transporte Público, oh casualidad, es el artículo que más se usaba en su momento por la dictadura para reprimir la protesta social".

Fuente: tiemposur.com.ar