El hecho de que Mauricio Macri gobierna para los patrones en contra de los derechos de los trabajadores, no es ninguna novedad. A diario tenemos reiteraciones de esa ofensiva política por parte del Presidente, Ministros y Gobernadores. En el día de ayer, este combo se dio en la sintonía perfecta.

Los choferes de colectivo de la ciudad de Córdoba llevan adelante una lucha en defensa de sus salarios, por la reincorporación de los despedidos que alcanza sin duda el calificativo de heroica. Al mismo tiempo, cabe destacar que esto se está dando contra su patronal y sus dirigentes burócratas (no es casual que crezca nuestra UCRA en todo el país), y soportando la presión de la fuerza armada dispuesta por el Gobierno.

En este contexto, el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, los estigmatiza diciendo que todo tiene un tinte político partidario y los culpa de oponerse al "cambio", lo cual se traduce en inducir a que los trabajadores en lucha deban resignarse al pisoteo de sus derechos.

Por otro lado, los docentes de la provincia de Buenos Aires continúan con su plan de lucha por una paritaria justa y condiciones laborales dignas. La Gobernadora María Eugenia Vidal, en lugar de resolver el problema salarial y poner a la escuela pública en el elevado lugar que debe estar, acusa a los docentes de perjudicar a los chicos, de tomarlos de rehenes, y de catalogar su pelea como algo “político partidario”.

En sintonía, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, aprovecha los micrófonos durante la jura del nuevo Canciller para cargar contra los jueces y abogados laboralistas que trabajan en defensa de los derechos de los trabajadores, que nacen de la Constitución Nacional (artículo 14 bis) y de las conquistas históricas del movimiento obrero (como por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo), e intentar encasillarlos en un negocio de mafiosos y extorsionadores.

Estos lamentables ejemplos de los propios actores del Gobierno nos advierten de su inocultable propósito de atacar el derecho de huelga, la negociación colectiva, la Ley de Contrato de Trabajo, entre otros, siguiendo el nefasto camino de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo y de instalar sin restricciones la flexibilidad laboral en todo el país. 

La CTA Autónoma denuncia que no estamos solamente frente a declaraciones anti obreras, sino al fomento del clima político que les permita al gobierno profundizar su política estructural de recorte sistemático de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con la criminalización de la protesta social como arma estratégica.  Por ello, estamos convencidos que las movilizaciones populares de marzo y abril pasados nos obligan a redoblar el camino de la lucha en unidad en defensa propia.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma                                                                                             

Fuente: gremialesdelsur.com.ar