La presión de los miles de manifestantes de organizaciones sociales que bloquearon el transito frente a la sede de la cartera laboral fue decisiva para que las principales centrales sindicales, la CGT y las dos CTA, resistieran cualquier acuerdo que no garantizara un salario mínimo de $10.000 este mismo año.

Así, por primera vez desde que en 2004 volvió a funcionar el Consejo del Salario, organizaciones sindicales y empresarias no lograron sellar un entendimiento y el Ministerio de Trabajo, en su calidad de máxima autoridad del organismo tripartito, recurrió a la alternativa del laudo y dispuso un incremento unilateral y escalonado de 24% sobre el actual piso salarial, por lo que el nuevo mínimo recién alcanzará el monto reclamado por los gremios en julio de 2018.

El esquema fijado por la cartera que conduce Jorge Triaca establece que el aumento se aplicará en tres tramos: desde el 1´ de julio el actual salario mínimo de $8.060 trepará a $8.860; desde enero próximo alcanzará a $9.500 y recién llegará a $10.000 en julio del próximo año. Así lo establece la Resolución 3-E/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial.

"Estábamos dispuestos a una negociación razonable, pero lo que plantearon no era en esos términos. Aceptar que el salario mínimo sea de $10.000 recién dentro de un año era una propuesta que no resistía ningún análisis", advirtió a este diario el dirigente Juan Carlos Schmid, uno de los triunviratos de conducción de la CGT, al justificar la decisión de la entidad de retirarse de la mesa del Consejo, dando por concluidas las negociaciones.

La misma posición asumieron las CTA de Pablo Micheli y Hugo Yasky, que -tras calificar como "una vergüenza" el aumento dispuesto- fueron un poco más allá y reclamaron la urgente convocatoria a una protesta nacional para repudiar la política laboral y salarial del Gobierno. En la CGT, sin embargo, relativizaron una medida de fuerza conjunta en el corto plazo y anticiparon que recién la próxima semana la conducción de la central evaluará sus próximos pasos.

La negociación puertas adentro del Consejo del Salario arrancó complicada ya desde la mañana durante las conversaciones previas en las comisiones del cuerpo tripartito. Allí y en el plenario posterior, la CGT y las dos CTA coincidieron en el reclamo de asegurar un salario mínimo de $14.060, equivalente al costo de la canasta básica que determina el umbral de pobreza, planteo que fue rechazado de plano por las cámaras empresarias, que ofertaron una mejora de 20,3% en tres tramos ($8.860 desde el próximo mes, $ 9.200 en enero y $ 9.700 a partir de julio de 2018).

Además, el bloque empresario, liderado por el dirigente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, volvió a la carga con el viejo reclamo de la segmentación regional del mínimo salarial y la crítica por el crecimiento de la litigiosidad laboral, lo que derivó en algunos contrapuntos con la representación sindical.

Ante la imposibilidad de avanzar en la discusión, tras un breve cuarto intermedio y la decisión de los gremios de retirarse del encuentro, Triaca decidió recurrir al mecanismo del laudo y fijar un aumento en línea con el promedio de suba establecido en las paritarias del sector privado. Esa decisión fue justificada por el Ejecutivo en la necesidad de preservar el gasto público, ya que la suba del mínimo impacta en forma directa en el monto de los planes sociales (su valor equivale al 50% del piso salarial por lo que en julio de 2018 alcanzará a $5.000) y el sueldo inicial docente, que debe superar en un 20% al ingreso mínimo. Así, el salario inicial docente se elevará en julio de $9.672 a $10.632, llegará en enero a $11.400 y alcanzará en julio de 2018 a $12.000.

Fuente: cronista.com.ar