La Mesa de Unidad Sindical expresa su más enérgico repudio y exige el inmediato retiro de la discusión parlamentaria, del proyecto de ley impulsado por el gobierno de Alicia Kirchner a través de cinco de sus diputados referido a la creación del Instituto del salario y de formación en políticas públicas.

Los sindicatos entienden que la intención gubernamental de avanzar sobres los derechos de los trabajadores, está llegando a límites que caminan sobre una ilegalidad manifiesta al pretender crear organismos por encima de las estructuras propias de las relaciones laborales, que desvirtúan los derechos y garantías constitucionales (art.63 C.P., art.14 bis C.N) cercenando la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y  las leyes provinciales que rigen la materia.

Esta embestida del Gobierno que avalan los Legisladores, se suma a la retención de los aportes sindicales y la judicialización y criminalización de la protesta sindical, por lo tanto la gravedad de las políticas que se intentan imponer, pensadas en forma conjunta, apuntan directamente a los trabajadores y al debilitamiento de sus organizaciones.

Las Convenciones Colectivas de Trabajo fueron producto de una larga lucha, son la herramienta que permite equilibrar la posición desigual de un trabajador frente a la patronal, permitiendo actuar desde el conjunto y con reglas que incluyen la buena fe, la obligación de dar información y la posibilidad de los trabajadores de llevar a la mesa de discusión las problemáticas propias, por lo tanto cualquier intento de limitar o condicionar este espacio legítimo es violentar toda la legislación laboral, los C.C.T. y los acuerdos paritarios vigentes.

No se percibe en el proyecto de ley ningún otro objetivo que el expuesto precedentemente, ya que la organización administrativo-informática-financiera, no necesita de la creación de un nuevo ente como así tampoco lo necesita una política de capacitación y el salario mínimo vital y móvil de Santa Cruz es una estimación que los sindicatos ya han expuesto y demostrado reiteradamente.

El proyecto es claro, “intervenir en la determinación de las políticas salariales”, “avanzar… en la elaboración de un nomenclador de funciones” y “recomendar a los representantes de los distintos Poderes del Estado designados para la negociación colectiva-paritarias- una posición homogénea”, esa es la intención. Punto aparte será la inconstitucionalidad por la intromisión entre poderes del Estado y frente a la autonomía de los Municipios, situación que deberán de manera urgente salir a rechazar quienes se encuentran al frente de estos organismos como signo claro de la defensa de los pilares de un estado republicano.

Es una falta de respeto al trabajador que quienes en medio de la peor crisis institucional que tuvo la provincia, y se duplicaron el sueldo como lo hizo la gobernadora, ministros, subsecretarios sin tener que consultarlo con nadie, ni marchar, ni ser ninguneados, ni poner siquiera el mínimo esfuerzo, vengan ahora a querer mantener de aquí en adelante para la enorme mayoría de la administración pública y jubilados, una salario de pobreza. Porque si les interesara mínimamente equiparar algunos salarios hubieran convocado a paritarias a los sectores más postergados y no, como ha sucedido, condenarlos a vivir con un salario de miseria.

Para concluir se expresa que, si la Gobernadora y los Legisladores consideran, como dice en los fundamentos del proyecto, que en estos diez años hubo “descontrol” entre otros calificativos que se enuncian, el lugar para dirimir esas cuestiones es la justicia mediante una denuncia penal y allí deben ir en busca de los responsables, porque no los encontraran dentro de los trabajadores ni de sus organizaciones que han arribado a cada conquista gremial poniendo el cuerpo en la calle, el esfuerzo en interminables jornadas de lucha y son los primeros que han denunciado y lo siguen haciendo, cada acto de corrupción y complicidad manifiesta de los órganos de control.

La Mesa de Unidad Sindical por su lado seguirá construyendo unidad de acción para que estas decisiones gubernamentales que sólo generan incertidumbre y pesar sobre el presente y futuro de los trabajadores, se transforme en acciones concretas en defensa irrestricta de los derechos laborales de todos.

ADOSAC- ATE- APROSA-VIALES-ADIUNPA-SOEM-JUDICIALES.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar