La medida judicial adoptada por el Dr Francisco Marinkovic, declarando nulos la Resolución Nº 2575/17 y el Acuerdo 013/18 del Consejo Provincial de Educación, ordenándole abstenerse de su aplicación y suspender de inmediato sus efectos referidos al despido de 200 compañeros docentes en la provincia, es un claro freno puesto al autoritarismo evidenciado por la Presidenta del CPE, pero también, un límite al brutal ajuste realizado por este Gobierno provincial, quien sigue el mismo procedimiento excluyente y de achique sobre los trabajadores, como instruye el Presidente Macri a nivel nacional, sin aplicar la misma receta cuando se trata de recortar privilegios propios, gastos políticos y utilizar los fondos públicos para solventar campañas y sostener el aparato de la militancia.

ADOSAC está convencida que este fallo de la Justicia no es un fallo más, como por allí pretenden hacerlo ver desde el Ejecutivo; es un hito muy importante, un aire fresco hacia la justicia social que tanto reclamamos desde nuestro sector, plena y permanentemente castigado por las decisiones unilaterales, inconsultas y absurdas de las autoridades de Educación, quienes, además, no administran de manera proactiva para generar el bienestar de los alumnos y elevar la vara de la calidad educativa en su conjunto, sino, que han elegido a los docentes como sus enemigos y buscan de manera permanente y ostensible, generar el mayor desasosiego, incertidumbre e inestabilidad entre todos nosotros, para debilitar nuestra lucha y doblegar el espíritu de enfrentar las adversidades, como siempre lo ha hecho el sector docente.

La medida adoptada por el Gobierno es una clara situación de despido y constituye la anulación unilateral de los acuerdos preexistentes logrados en Paritarias, donde se había pactado mantener los cargos de aquellos docentes cuyos roles desaparecieran al cambiar la estructura del ex tercer ciclo de EGB al tradicional Secundario; así lo entendió el Juez Marinkovic en un fallo ejemplar por su sencillez, puntualidad y objetividad, al momento de evaluar los hechos. Cualquier razonamiento lógico que se aplique en estas circunstancias, termina en una decisión clara y contundente de este tipo.

“Tengo presente, al momento de merituar esta cuestión, el hecho de que se encuentren en juego derechos de naturaleza -en amplio sentido- laboral, por lo que cuentan con protección preferente de nuestro sistema constitucional (Art 14 bis), especialmente si consideramos los términos vertidos sobre el particular en forma recurrente por nuestra CSJN (Aquino y otros)”, cita el fallo del juez, razón por lo cual hizo lugar a la medida de “no innovar”, planteada por nuestro gremio y le ordenó al CPE se abstenga de aplicar y suspenda los efectos de la Resolución 2575/17, hasta tanto se dicte sentencia firme y definitiva.

No es difícil determinar la estrategia del gobierno; si acaso prosperan sus medidas de ajuste en el sector docente irá por más; apunta a la EPJA, a reducir la educación inicial, secundaria y pretende instalar en la opinión pública la idea de que los maestros no trabajan, que sobran en sus puestos o que son ñoquis. Y en virtud de ese planteo, actúa impunemente en contra del sector, aplicando recetas extorsivas y dejando en la calle a los compañeros que han ganado su lugar frente a un aula y lo que es aún peor: están allí por acuerdos logrados en reuniones Paritarias donde el gobierno asumió el compromiso de cumplir los mismos términos que ahora desconoce y la justicia se lo recordó, poniéndolo en el lugar que le corresponde.

Al sector docente nos han reducido el sueldo, nos pagan cómo y cuándo se les ocurre, no cumplen con la obligación administrativa y contable de extender el recibo de haberes, nos aplicaron un presentismo encubierto, entre otras tantas acciones emprendidas para desgastar nuestra voluntad de lucha y ahora vienen por los despidos. Está claro el mensaje extorsivo generado desde el Ejecutivo y también está claro que la ADOSAC no lo va a permitir. Hoy podemos decir que le hemos puesto un límite al atropello oficial y nos gratifica pensar que finalmente, la cuestionada justicia provincial ha comenzado a tener la sensibilidad necesaria para proteger a la sociedad de los abusos del poder.

Este Gobierno que se rasga las vestiduras por los despidos puestos en prácticas desde un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri, iguala, emula y actúa de la misma forma y aún con mayor perversidad, toda vez que borra de un plumazo los acuerdos pactados en la mesas paritarias del año 2013 y sin importarle la situación familiar y personal de cada docente afectado por esta medida, les produce un perjuicio laboral y económico de inmensa gravedad, tratándonos a los maestros como si fuéramos algo descartable y probando, una vez más, la deshumanización de la política, que tan bien representa Alicia Kirchner, quien no duda en decir todo lo contrario de lo que hace, en cada discurso que hace para la tribuna.

Pero si hay un perjuicio más, en todo este accionar irracional de las autoridades del CPE, es que con esta forma intransigente e ilegal de aplicar nulidades de acuerdos previamente escritos, pactados y homologados en una mesa de acuerdo oficialmente establecida a los fines de negociar y buscar puntos comunes de interés y beneficios para la Educación en su conjunto, como son las Paritarias docentes, el gobierno le asesta un golpe mortal a cualquier negociación colectiva que pueda llevarse a cabo en el futuro, porque no respeta las reglas, ni los términos, ni las leyes. En esto, sin duda, también radica la importancia del fallo del Juez Marinkovic, quien obviamente considera ilegítimo e improcedente el desconocimiento intencional en el que incurre el gobierno, cuando despide a 200 trabajadores, luego de firmar de puño y letra un acuerdo en el cual se compromete a mantener esos puestos de trabajo.

ADOSAC es un gremio que lucha en beneficio de sus afiliados, pero por la dignidad docente de manera primordial y quienes la componen, sienten que la lucha emprendida por tantos años y a pesar de tantas vicisitudes, ha coronado con éxito una meta largamente acariciada por nuestra organización: obtener un fallo justo de parte de la justicia y ponerle un umbral donde se adviertan los límites claros, a un gobierno para quien los docentes de Santa Cruz son solo un número y la Educación en la provincia, lejos de ser una inversión, es un gasto.

La lucha continúa..

Prensa ADOSAC

Fuente: gremialesdelsur.com.ar