La Justicia de Ushuaia allanó el viernes cinco domicilios de personas vinculadas con el denominado “escándalo de las viviendas futuras” de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), incluyendo la casa del Secretario General del gremio estatal, Carlos Córdoba, quien será citado en breve a prestar declaración indagatoria como imputado, según confirmaron fuentes judiciales.

De esta forma, con el avance de la investigación, Córdoba pasó de ser el denunciante del caso ante la Justicia, a convertirse en uno de los sospechosos de participar de la maniobra mediante la que se habrían vendido viviendas de un plan social a personas ajenas al sindicato.

Los allanamientos ordenados por el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, a cargo de la causa Nº 36414, se concretaron el viernes en horas de la tarde y estuvieron a cargo de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial.

Además del domicilio de Córdoba, la comitiva allanó la casa de una mujer que se desempeñó como Secretaria de la Comisión de Vivienda de ATE, en la calle Pingüino Emperador al 3900, y también la de un agente inmobiliario que habría colaborado con la maniobra de defraudación que se investiga, en la calle Las Águilas.

Por otra parte, la diligencia judicial continuó en otra vivienda de la calle Lucas Bridge al 800, donde habita otro supuesto colaborador del mismo grupo de gente, y en una casa situada en la calle Costa de Barranca al 3900 donde vive Martín Arana, hijo de Miguel Arana, el otro directivo de ATE sindicado como uno de los principales responsables del caso.

Según las fuentes consultadas, la Policía se llevó de cada lugar documentación, computadoras y teléfonos celulares (inclusive el teléfono personal de Córdoba) que ahora serán sometidos a diferentes análisis y pericias para determinar su grado de relevancia probatoria.

A su vez, cada uno de los involucrados fue notificado de derechos y garantías procesales, así como de diferentes reglas de conducta que deberán cumplir para permanecer en libertad mientras se sustancia la investigación.

Todos ellos, incluso Córdoba, serán citados a prestación declaración indagatoria en los próximos días, anticiparon las fuentes.

Un caso complejo

El caso de las viviendas futuras se hizo público a partir de la denuncia penal que presentó el propio secretario general de ATE, admitiendo una operatoria por la que directivos del principal gremio estatal de la provincia habrían vendido viviendas sociales del complejo Barrancas del Río Pipo a personas ajenas al sindicato.

El complejo habitacional de 128 unidades financiado con recursos nacionales y construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaba íntegramente destinado a afiliados a ATE que además cumplieran con los requisitos para acceder a una vivienda social.

Sin embargo, se sospecha que directivos del gremio se “reservaron” una cantidad de esas casas (se cree que 26 de las 128) para “comercializarlas” a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.

Al parecer, el organismo se negó a incluir a esos terceros y muchos de los que habían puesto sumas de hasta $700 u $800 mil o dado vehículos en parte de pago, comenzaron a reclamar y a considerarse víctimas de una estafa.

En su denuncia, Córdoba señaló como responsables a Miguel Arana y Daniel Belbey, que integraban la comisión de vivienda del sindicato y manejaban la operatoria con el IPV.

Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, en la calle Tolhuin, debieron hospitalizarlo y estuvo en coma varios días.

En tanto Belbey se suicidó ahorcándose en las tribunas de la cancha de fútbol exterior del Polideportivo Municipal, el pasado 1 de junio.

La pareja de Arana, Gisela Edith Escobar, dueña de una empresa de máquinas viales y ex empleada de ATE, también aparece vinculada a la causa, porque entre otros aspectos no podría justificar el origen del dinero con el que adquirió la maquinaria que alquilaba a privados y organismos públicos y que ya fue secuestrada por la Justicia.

Fuente: eldiariodelfindelmundo.com