El pasado 4 de enero, La Opinión Austral informaba que sin haber prosperado las negociaciones que se desplegaron en 2018 ante la Intervención, la Intersindical de YCRT contrató al reconocido abogado Eduardo Barcesat para avanzar contra el Estado Nacional en una Acción Colectiva de Amparo.

De acuerdo a lo explicado oportunamente por los mineros a este medio, estaba previsto que la acción judicial sea oficializada a fines de diciembre, pero finalmente fue interpuesta el pasado viernes.

Los trabajadores del carbón se marcaron el objetivo de “preservar el patrimonio de YCRT” y los “puestos de trabajo”. A esa altura de las circunstancias el Congreso de la Nación ya había aprobado el Presupuesto 2019 por el cual se otorgó 870 millones de pesos para el funcionamiento de la empresa carbonífera. El respaldo económico del Estado nacional alcanza para abonar los salarios sólo hasta abril.

Proteger

En un comunicado de prensa se informó que ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 58 se radicó una acción colectiva de amparo a cargo del Dr. Eduardo Barcesat promovida por la Asociación Personal Superior Profesionales y Técnicos YCF (APS).

Los mineros indicaron una vez más que el yacimiento ubicado en Río Turbio, se encuentra amenazado de extinción, por la actual gestión empresarial, dependiente del Gobierno nacional, sea con el propósito de privatizar, a precio ruinoso, o de cerrar la actividad minera, dejando inermes y desamparadas a tres localidades de dicha provincia, cuya población depende fundamentalmente de dicha actividad extractiva”.

Asimismo, la Acción de Amparo tiene por objeto “proteger la titularidad jurídica del pueblo argentino de las riquezas y recursos naturales, conforme lo establecen los Pactos Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos”, indicó el escrito.

AFIP

Se solicita en la presentación judicial que se adopte una medida cautelar que impida la amenaza de cierre o privatización de la explotación minera y de sus valiosas instalaciones accesorias.

Fundamentando la urgencia, “se invoca la situación de falta de pago de los créditos de la AFIP, que se encuentran en ejecución judicial y que pueden derivar en una obligada presentación concursal o la quiebra de YCRT”.

Se recuerda que el Juzgado Federal de Río Gallegos reimpulsó la causa “AFIP c/ Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos”.

Vía judicial, la Administración Federal de Ingresos Públicos exige a YCRT que se responsabilice del pago de $ 1.042.082.189 por obligaciones que no fueron saldadas desde el 2012.

Según consta en la causa, la empresa anclada en el corazón de Río Turbio y 28 de Noviembre no pagó contribuciones a la Seguridad Social en 2013, 2015 y 2016, retenciones por contribuciones a la Seguridad Social en 2012, 2015, 2016 y 2017, saldo de Declaración Jurada por Impuesto a las Ganancias en los periodos 2014; 2016 y 2017, IVA del 2014 al 2017, entre otros.

Por último, se supo que el Dr. Barcesat opinó que, “la acción de amparo podría configurar un caso piloto para proteger las fuentes de trabajo amenazadas por las políticas económicas del actual Gobierno nacional, que llevan al cierre de toda actividad industrial y, muy especialmente, a las empresas del Estado que aún se mantienen en pie”.

Fuente: laopinionaustral.com.ar