El miércoles próximo podría ser un día clave para el futuro inmediato de Chubut en lo que respecta a la situación social. Es que ese día, el Gobierno provincial pretende que se apruebe el ajuste en la administración pública que prevé el congelamiento salarial por 6 meses y un agresivo plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Los trabajadores estatales están preocupados porque no quieren ser el “pato de la boda” si se aprueba el proyecto impulsado por Mariano Arcioni, obligado ante la negativa del Gobierno nacional de restringirle el acceso a anticipos de coparticipación o de regalías.

La movilización de los estatales locales concluyó con la entrega de sendos petitorios en el Ministerio de Trabajo de la Nación y en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo de Eva Parcio. Allí remarcan una serie de puntos para fundamentar su pedido para que los empleados de la administración pública no sean “los más perjudicados por los años de mala administración de las cuentas provinciales”.

Además, advirtieron que, “si el ajuste es efectivo y no hay respuesta por parte de Trabajo y del Juzgado Federal, no habrá paz social en Chubut”.

La movilización de ayer fue impulsada por la Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Comodoro Rivadavia y se cuestionó que hasta el momento solo se pagaron los sueldos que comprenden al primer rango (los que cobran menos de 40 mil pesos) y se denunció que los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas que pretende llevar a cabo el Gobierno provincial son “despidos encubiertos”, sobre todo porque algunos de los que podrían aceptar solo percibirían poco más de la mitad de su salario actual, según reconoció en la Legislatura el martes el propio titular del ISSyS, Miguel Arnaudo.

Esto quedó explayado en el documento donde se describió el atraso salarial y el pago parcial del sueldo denunciando que se realiza una “retención inhibida de haberes”.

También se refirieron a la situación de la obra social y de todas las deudas que la gestión de Arcioni tiene con los trabajadores estatales, como la última “cláusula gatillo” del año pasado, por ejemplo, la cual el Ministro de Economía, Oscar Antonena, ya dijo que no se pagará.

Además, se repudió las prácticas desleales teniendo en cuenta los descuentos de haberes a todos los trabajadores que hicieron medidas de fuerza.

Fuente: elpatagonico.com.ar