Según explicaron desde Andhes, dentro del campamento minero de EXAR S.A, una empresa vinculada a la explotación y operaciones mineras de extracción de litio en la localidad de Susques, trabajadores y trabajadoras sufrieron contagios masivos de COVID-19, ya que la falta de aplicación de protocolos de salud, higiene y seguridad por parte de la empresa generó una acelerada propagación del virus y, como consecuencia, hasta la fecha fueron confirmados casi 200 casos dentro de la empresa.

En primera instancia, una serie de trabajadoras y trabajadores dieron negativo al test PCR, pero la empresa, en vez de esperar los resultados finales del test que descarte falsos negativos, decidió juntar a este conjunto con el resto del personal que no tenía portación del virus COVID-19. Esta situación provocó una sucesión de “nuevos contagios” por la constante exposición de los obreros ya testeados con aquellos que esperaban los resultados de los estudios.

Al 18 de julio, había 49 trabajadores mineros contagiados, quienes por la falta de control sanitario en la minera trasladaron el virus a la comunidad, por lo que luego se informaron 25 contactos estrechos de esos trabajadores enfermos en sus localidades de origen (Pastos Chicos, Olaroz Chico y Puesto Sey). Actualmente, la cantidad de personas con coronavirus en la minera asciende a 198 trabajadores, pero se denunciaron 32 casos positivos más de la contratista BSD.

Andhes explicó que gran parte de las trabajadoras y los trabajadores que se encuentran trabajando en EXAR son miembros de comunidades indígenas aledañas a la minera, lo que agrava la situación de la propagación del virus hacia dentro de sus comunidades y pone en peligro a la localidad de Susques, ya que el sistema de salud es sumamente precario porque no cuenta con camas suficientes, ni respiradores, ni capacidad para realizar estudios PCR.

En cuanto a la situación en la empresa Ledesma, Andhes manifestó que muchos trabajadores deben utilizar elementos de protección de fabricación casera, y que no pueden guardar ningún tipo de distancia mínima de seguridad. Agregaron que los obreros vinculados a las tareas agrarias pertenecen a los grupos más vulnerables de la sociedad por ser aquellos que perciben menores ingresos salariales y que por lo tanto tienen menos posibilidades de acceder a medidas sanitarias que los pongan en resguardo de la pandemia, más aun sabiendo que el sistema sanitario provincial está casi colapsado.

“En este contexto, los/as obreros/as y sus sindicatos vienen reclamando desde el principio de mayo que se respeten los protocolos de bioseguridad, que se brinde a los/as trabajadores/as los elementos de protección personal, que se reduzcan las actividades, que se otorguen licencia a quienes presentan mayores riesgos de salud por presentar patologías preexistentes o por ser mayores a 60 años y se realicen los testeos correspondientes. Hasta el momento, se registraron 48 casos positivos sólo en el sector del papel, sin contar los casos que se registran en los otros sectores: azúcar, frutas y jugos. Los/as trabajadores/as también denuncian que no se realizan seguimientos de las personas que presentan síntomas o contactos estrechos, inclusive que desde la empresa se ordena retornar a los lugares de trabajo a quienes presentan síntomas como fiebre, dolores de cabeza, etc”, denunciaron desde Andhes.

Cabe señalar que el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA Autónoma) definió realizar un paro de 24 horas desde las 5 de la mañana del martes 4 de agosto hasta la misma hora del miércoles 5 tras la muerte a partir del contagio de COVID-19 de cuatro trabajadores y al menos tres familiares directos de quiénes se desempeñan laboralmente en el Ingenio Ledesma.

En tanto, en una nota publicada en La Izquierda Diario, Miguel López, concejal del PTS-FIT en Libertador General San Martín-Ledesma, denunció que en la madrugada del miércoles falleció otro trabajador a causa del COVID-19. Se trata de un obrero de la sección taller radio base del Ingenio. López afirmó que Juan José tenía 64 años, y era uno de los obreros mayores de 60 años que la empresa tenía que otorgar la licencia remunerada por ser parte de la población de riesgo. Juan José estuvo esperando sin suerte desde el 31 de julio una cama en el Hospital San Roque, que atiende a los casos positivos de coronavirus de mayor gravedad.

Libertador General San Martín, donde se encuentra el Ingenio, es la localidad con más casos de coronavirus en la provincia de Jujuy.

En una nota publicada en la Agencia ACTA-CTA, Juan Pablo Alba, Secretario de Comunicación y Difusión de CTA-A Jujuy, señaló que, “sólo este fin de semana, contamos 12 muertos”.

Nos dice José, militante barrial que sabe que en Ledesma, la muerte se olfatea en cada esquina. Para algunos, no es una metáfora: en redes sociales, habitantes del lugar denuncian que sus vecinos se mueren en sus casas, y nadie viene a retirar los cadáveres. Los descubren por el olor. “No me atienden nunca los del COE, estoy sola con mi hija, a ella le dio positivo y a mí no, y ni gas tenemos, y no podemos salir”, palabras más, palabras menos, relata una joven madre soltera de la zona.

Son innumerables los testimonios que relatan historias de familias enteras abandonadas a su suerte: “tomen paracetamol y no salgan de casa’”, es la receta universal, porque el hospital de la zona está al 110% de su capacidad, y hasta sus directivos y personal sanitario hacen colectas, debido a que no les llegan los materiales mínimos de protección que debería garantizar el gobierno: nadie sabe en qué se invirtieron los millones de pesos que le envío Nación.

Andhes remarcó la falta de previsión de EXAR y Ledesma en el cuidado de la salud y la vida de las trabajadoras y trabajadores y reclamó que, “resulta imperante la necesidad de que se proceda a tomar medidas tendientes a mitigar los daños que pudieran ocasionarse en la vida y salud de empleados y empleadas”.

Agregó que no existe excusa válida que exima a las empresas de su responsabilidad civil y social de prevenir dichos daños cuando la salud pública está en riesgo, máxime cuando está en peligro la vida de las personas y destacaron que debe primar siempre la salud ante cualquier rédito económico.

Desde la agrupación denunciaron además deficiencias en la información oficial, ante las dificultades existentes para acceder a la cantidad de casos positivos, tanto en EXAR como en Ledesma, ya que han quedado “en manos de empresas privadas, siendo el Estado provincial el que debería controlar para tener un dato epidemiológico unificado, más aún de las zonas rojas por el alto contagio que pueden producir”.

En su presentación ante los Ministerio de Trabajo de Nación y Jujuy, Andhes resaltó que el Estado tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en supuestos en los que empresas que operan en su territorio se encuentren involucradas con la violación de estos derechos: “Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos proporcionan el marco reconocido y autorizado mundialmente en materia de los deberes de los Estados y las responsabilidades de las empresas en la prevención y el tratamiento de los efectos adversos para los derechos humanos, los tres pilares de los Principios Rectores ‘Proteger, Respetar y Remediar’ establecen cómo los gobiernos y las empresas deben poner a las personas en el centro respetando sus derechos. Las respuestas a la pandemia y al impacto económico no deben dar lugar a normas ni controles menos estrictos, ni siquiera deben ser utilizadas como pretexto por los gobiernos y las empresas para eludir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.

Fuente: redeco.com.ar