Mientras crece la demanda por los contagios en el sistema sanitario del Gran Buenos Aires y Capital Federal, en Escobar el cierre de una clínica privada dejó a la región con casi 50 camas menos de internación para la atención de pacientes con coronavirus.

Se trata del Sanatorio Plaza, un instituto que llevaba más de 40 años en Belén de Escobar y que hasta principios de julio recibía a los afiliados de PAMI, la población más vulnerable frente al virus.

En busca de su reapertura inmediata para que esté al servicio de la salud pública en plena crisis sanitaria, desde el Frente de Izquierda impulsan en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para expropiar al sanatorio.

​En el documento, elaborado por la Diputada nacional Romina Del Plá y los trabajadores, establecen que el Estado Nacional quedaría a cargo y que la operatoria estaría bajo el control de los 65 empleados que se organizarán en una Comisión de Control y Gestión Obrera (electo por sus pares).

Lo describen como un espacio de "utilidad pública" por sus 49 camas de internación, de las cuales 8 son de terapia intensiva y 4 de terapia intermedia.

"Cuenta con respiradores, sistema de oxígeno y aspiración central", detalla el escrito que también está firmado por Nicolás Del Caño. De esta manera, la clínica volvería a funcionar y estaría al servicio de la lucha contra el coronavirus.

En una primera instancia, los 65 empleados esperaban que la Comuna se hiciera cargo, como sucedió con la ex clínica San Carlos que fue estatizada en mayo y pasó a ser el Hospital Municipal "Néstor Kirchner".

Sin embargo, ante la consulta de Clarín, el Secretario de Gobierno del distrito, Javier Rehl, señaló que, "nunca estuvo en los planes intervenir y expropiarla". La razón, dijo, sería por la deficiente gestión y el estado de abandono de la infraestructura.

Ubicado en Edilfredo Ameghino 650, había sufrido una caída de ingresos cuando, a principio de mes, el PAMI le retiró la cartera de 7.000 afiliados para transferirlos a otros centros de salud municipales. "La gerenciadora, Ferwal S.A, tenía dificultades desde hace 7 años", exclamó Rehl.

La noche de su cierre definitivo, parte del personal (40 personas) decidió permanecer dentro de la institución para evitar que se llevaran los equipamientos y preservar su fuente de trabajo.

Es al día de hoy que continúan adentro y reciben donaciones de vecinos y el Frente de Izquierda durante la estadía.

"Es una lástima que se desperdicien las 49 camas y el área de terapia intensiva cuando la salud pública lo necesita. Nos pone contentos el apoyo del Frente de Izquierda para ver de revertir la situación", explicó a Clarín Enzo Barreto, quien desempeñaba tareas administrativas desde 2016.

Entre los reclamos, contó, también solicitan que se les paguen los salarios adeudados. La gerenciadora les debe de cuatro a seis meses de sueldo, y en algunos casos, hasta seis aguinaldos.

"La deuda con cada uno de sus trabajadores es de $350.000, sin contar indemnizaciones", manifiestan en el proyecto de ley. Por eso, dejan por asentado, Ferwal S.A no percibirá indemnización frente a la decisión ya que "ha violado toda disposición legal en materia laboral".

También declaran por escrito que, "quedan inhibidos y sujetos a embargo la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas del grupo empresario".

"Sabemos que será un camino largo, pero esperamos que se apruebe. Si no seremos 65 familias en la calle", agregó Barreto, quien asegura que no recibieron respuesta de la empresa y su sindicato no se solidarizó.

Fuente: clarin.com.ar