La represión que sufren los jubilados en Argentina constituye un reflejo nítido de la violencia estructural que atraviesa el sistema neoliberal impuesto por las élites económicas, quienes, con el fin de cumplir con los dictados del FMI y asegurar sus propios intereses, se enfrentan no solo a la clase trabajadora activa, sino también a aquellos que, tras décadas de sacrificio, ahora atraviesan una etapa de vulnerabilidad. Los jubilados se han visto condenados a una existencia marcada por la precariedad, como consecuencia de un sistema que nunca ha reconocido el valor de su labor ni ha retribuido de manera justa el esfuerzo invertido durante años. Hoy, en un contexto de ajuste económico y privatización, esta población se enfrenta a una profunda exclusión, reflejo de un modelo que despoja a los más débiles en aras de una acumulación de poder que nunca ha sido más desigual.

El proceso que hoy se denomina "ajuste" no es más que un acto deliberado de despojo, una estrategia violenta destinada a fortalecer a los sectores más poderosos de la economía, aquellos que tejen las redes del poder. Este tipo de represión, que no solo se articula a través de la violencia física de las fuerzas de seguridad, sino también mediante una violencia simbólica que desacredita las legítimas demandas de quienes luchan por lo mínimo e indispensable para mantener su dignidad, pone de manifiesto el carácter excluyente de este sistema económico y político. En lugar de resolver las profundas desigualdades estructurales que afectan a la clase trabajadora, el sistema actual busca consolidar una estructura que perpetúa la inequidad y el despojo.

El ajuste económico llevado adelante por el Gobierno de Javier Milei, lejos de ser una solución temporal a una crisis transitoria, es una estrategia a largo plazo que tiene como objetivo reestructurar la economía en favor de una minoría privilegiada. Este ajuste no solo afecta a los jubilados, sino también a todos los trabajadores, quienes, en un proceso sistemático, ven cómo se transfiere riqueza hacia los sectores privados mediante privatizaciones, recortes de servicios públicos y la desregulación laboral. El Estado, en este contexto, ya no cumple con su rol de protector del bienestar colectivo, sino que se ha transformado en una herramienta al servicio de un modelo económico que margina a los más vulnerables y refuerza el poder de las élites.

La violencia que enfrentan los jubilados, tanto física como simbólica, no solo despoja a estos ciudadanos de sus derechos económicos, sino que también los priva de su condición de sujetos políticos dentro de una democracia que se vacía de contenido. Los jubilados, que han sido parte fundamental de la construcción del país, se encuentran ahora despojados de los frutos de su trabajo y relegados a la exclusión. Al ser reprimidos cuando exigen lo mínimo para sobrevivir con dignidad, el Estado no solo niega sus derechos, sino que reafirma un sistema que castiga a quienes cuestionan el orden establecido. En este sentido, la represión no es un simple acto de violencia contra individuos, sino una manifestación del control social que refuerza el statu quo, subordinando a la mayoría a los intereses de unos pocos.

Este modelo neoliberal, que ha sido implementado bajo la tutela del FMI y las grandes corporaciones, se sustenta en la deshumanización de los trabajadores, viéndolos como piezas descartables en una maquinaria económica que prioriza la acumulación de capital por encima de la vida humana. La crítica a este sistema debe partir de la denuncia de la perversión de la idea de progreso. El verdadero progreso no consiste en la acumulación de riqueza por parte de unos pocos, sino en la creación de una sociedad justa y equitativa, donde los derechos de todos sean respetados, y no se condene a los más vulnerables a la miseria, la violencia y la exclusión.

La lucha de los jubilados es, en su núcleo, una lucha por la justicia social, una demanda que interpela al sistema y pone en evidencia su profundo carácter antidemocrático. Un modelo económico que legitima la represión, que niega el derecho a la supervivencia digna, no puede ser considerado democrático. La verdadera democracia solo puede existir cuando todos los ciudadanos, sin importar su clase social o edad, tienen garantizados sus derechos más fundamentales. La represión a los jubilados, en última instancia, es una manifestación del colapso de un sistema que no solo niega la justicia social, sino que socava la misma esencia de la democracia.

Este ataque a los jubilados, y por extensión a toda la clase trabajadora, pone en evidencia la necesidad urgente de recuperar los valores fundamentales de la justicia social y la solidaridad. La lucha por una distribución equitativa de la riqueza y por la dignidad humana no puede quedar relegada a un mero acto de resistencia, sino que debe ser el motor de una transformación profunda de la sociedad. La represión a los jubilados es, por tanto, un llamado a la acción para todos aquellos que aún creen en la posibilidad de una sociedad más justa, más humana, donde la dignidad de cada ser humano sea el principio fundamental sobre el que se construya el orden social y económico. Solo a través de la unidad de la clase trabajadora, de la recuperación de los valores democráticos, podremos superar este modelo de exclusión y despojo, y edificar una sociedad donde la justicia y la solidaridad sean los pilares sobre los que se funda nuestra convivencia.

Autor: Licenciado Diego Encinas.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar