Esto marca un hecho histórico contra la feroz persecución política instalada por los gobiernos de Fabiana Ríos y Rosana Bertone, convirtiéndose en un acontecimiento trascendental, no solo para la docencia fueguina, sino también para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores en nuestro país.

Es un paso más en la lucha para que cada docente exonerado pueda reintegrarse a las aulas de la Educación Pública, ratificando el camino trazado por nuestra organización para recuperar colectivamente cada derecho y sueño arrebatado.

La docencia fueguina resistió y enfrentó las políticas de ajuste, persecución y criminalización de la protesta social de Ríos y Bertone, gobiernos que conculcaron derechos, modificaron nuestros proyectos de vida, congelaron nuestros salarios y aplicaron el mayor ajuste a la provincia, ¡seguiremos de pie hasta que la dignidad se haga costumbre!

Pacto de impunidad entre Ríos y Bertone: criminalización y ajuste

El 16 de diciembre de 2015, en las últimas horas de su gestión, la entonces Gobernadora Fabiana Ríos firmó el decreto Nº 3.004/15, mediante el cual exoneró a 17 docentes por protestar en Casa de Gobierno el 23 de mayo del 2013.

En un acuerdo de impunidad entre Fabiana Ríos y Rosana Bertone durante la transición gubernamental, el Poder Ejecutivo -con la complicidad del Judicial y el Legislativo- criminalizó la protesta social y sentó las bases para implementar el mayor ajuste en la historia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El Poder Ejecutivo fue quien determinó la sentencia que luego dictaron los Jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Guillermo González.

Para justificar la medida, recurrieron a un decreto de la última dictadura cívica-eclesiástica-militar, aplicándolo para exonerar a Verónica Alfonso, Horacio Catena, Horacio Muñoz, Marcelo Villada, Alejandro Gómez, Christian Schnack, Marcos Ferreyra, Alejandro Marín, Juan González, Juan Ferreyra, José Martínez, Marcelo Bonadies, René Massa, Raúl Arce, Gastón Héctor Luis Benítez, Carlos Hugo Díaz y Horacio Oscar Solís.

El objetivo central de ese proceso judicial fue disciplinar a la docencia y su organización.

Utilizaron todas las herramientas posibles para someter a nuestro sector: juicios, exoneraciones, sanciones administrativas, descuentos salariales, denuncias, cargos anti-huelga, multas, cierre de cursos, eliminación de puestos laborales, remoción de cinco supervisoras de carrera, retrasos en pagos, impugnación de elecciones de Delegadas/os, allanamientos y detenciones.

Pero no lograron doblegarnos. La docencia fueguina resistió y enfrentó las políticas de ajuste.

Sentencia definitiva declaró nulo el decreto de las exoneraciones

El 15 de agosto de 2024, la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, dictó sentencia definitiva en la cual, con términos contundentes y por unanimidad, confirma el fallo del Juzgado del Trabajo Nº 1 que decretó la nulidad de las exoneraciones del Secretario General de SUTEF, Horacio Catena, que llevara adelante el Gobierno de Fabiana Ríos y que fue ratificado por el Gobierno de Rosana Bertone.

Quedó demostrado que todo el proceso administrativo fue una farsa, una puesta en escena para justificar el ataque sindical de mayor temeridad e impunidad que haya vivido nuestro sindicato y la vida sindical de la provincia a manos de un gobierno.

Es importante destacar la responsabilidad institucional del gobierno de la provincia, ya que no se trató de la acción de una sola administración, sino que se trató de un avasallamiento a normas básicas procesales ratificadas por dos administraciones (Ríos/Bertone).

Prensa SUTEF Provincial

Fuente: gremialesdelsur.com.ar