A través de esta nueva normativa, el Gobierno de Milei declara como “servicio esencial” a los sectores de salud, energía, educación primaria y secundaria, telecomunicaciones, transporte y servicios aduaneros, entre otros.

Este decreto no solo viola la Constitución Nacional y los convenios internacionales suscritos por Argentina, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, sino que también ignora el fallo judicial del 14 de febrero de 2024, donde la Justicia suspendió artículos clave del DNU 70/2023 por vulnerar el derecho a la protesta y la libertad sindical. En aquella ocasión, se dejó en claro que la educación no es un servicio esencial, ya que su interrupción no pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad pública.

Además, el Decreto crea una Comisión de Garantías, un órgano discrecional que podrá ampliar la lista de actividades consideradas “esenciales” o “trascendentales” según criterios arbitrarios, facilitando así la persecución y criminalización de la protesta social.

El verdadero objetivo del Gobierno al imponer esta medida es avanzar en el vaciamiento del sistema educativo, el desfinanciamiento de la educación pública y el ajuste salarial docente, buscando silenciar las voces que defienden la escuela pública y los derechos laborales.

Frente a este nuevo ataque, SUTEF ratifica su compromiso con la defensa irrestricta del derecho a huelga, la libertad sindical y la educación como derecho social.

Agotaremos todas las instancias legales y gremiales para frenar este decreto inconstitucional y llamamos a la unidad de toda la comunidad educativa y el movimiento obrero para resistir este avasallamiento.

Exigimos a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) la inmediata convocatoria a paro nacional docente e impulsar un plan de lucha para cambiar el presente.

No permitiremos que se retroceda en conquistas históricas:

¡La huelga es un derecho, no un privilegio!

¡La educación es un derecho, no un servicio!

Prensa SUTEF Provincial

Fuente: gremialesdelsur.com.ar