Ante la difusión en diversos espacios periodísticos de un borrador de proyecto de reforma educativa que estaría siendo impulsado por el Gobierno Nacional, en el que se observa la supresión de esenciales derechos y conquistas del sector educativo público nacional, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se ve en la obligación de manifestar su enérgico y profundo rechazo a cualquier intento de desvirtuar la esencia de nuestra educación pública.

Se trata de un proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”, que a todas luces constituye un ataque totalmente regresivo a los cimientos del sistema democrático y, específicamente, a la garantía estatal del derecho a la educación pública y los derechos laborales del sector.

El núcleo de esta iniciativa radica en la pretensión de derogar la Ley de Educación Nacional N° 26.206, con lo cual enfrentamos un serio peligro como es el de suprimir garantías vigente que han sido el resultado de un extenso, plural y democrático proceso de debate que involucró a todos los actores sociales y políticos en el año 2006.

La norma sancionada en 2006 consensuó que la educación es un derecho social y el conocimiento, un bien público que, como tal, deviene en cimiento sagrado de una Nación que, como la nuestra, constituye una economía emergente que intenta desarrollarse con equidad para todas sus escalas sociales.

El proyecto actual intenta reemplazar este consenso alcanzado hace 19 años con un claro sesgo antidemocrático, respondiendo claramente a los intereses de las corporaciones empresariales y del sector privado concentrado. En este nuevo marco, se busca redefinir la educación como un servicio y priorizar la libertad individual por encima de los intereses y las necesidades sociales.

Observamos con gran preocupación cómo, bajo el uso retórico del término “libertad”, esta propuesta busca eliminar al Estado como garantía principal del derecho a la educación y de su financiamiento total para todo el sistema educativo. Se busca relegar el rol del Estado a una mera subsidiariedad.

De concretarse los fines perseguidos por este proyecto en danza, quedarían sin efecto los artículos clave de la Ley de Educación Nacional:

- Financiamiento a través de la modificación del artículo 9: Se eliminaría la obligación de que el presupuesto consolidado destinado a educación no sea inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB), tal como lo establece la Ley N° 26.075.

- Derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnica Nº 26.058, modificación que borra la garantía presupuestaria de financiamiento para las miles de escuelas técnicas de todo el país.

Además, dejaría de estar vigente la protección que impide al Estado Nacional suscribir tratados de libre comercio que conciban la educación como un servicio lucrativo o que promuevan su mercantilización. Por otra parte, el proyecto propone migrar del financiamiento al sistema y sus instituciones hacia un financiamiento de la demanda y los usuarios, impulsando el controvertido mecanismo de bonos o financiamiento individual a las familias que eligen la educación privada.

Estamos ante un claro ataque a las bases del sistema de educación pública de la Argentina mediante un proyecto que arbitrariamente busca introducir vulnerabilidades y retrocesos. Por ejemplo:

- Derecho de Huelga: Se arremete contra el derecho constitucional de huelga al declarar a la educación general básica como "servicio esencial", lo cual es un intento insostenible de garantizar una "continuidad mínima del servicio educativo" durante medidas de fuerza.

- Concepción Familiar y Socialización: Impone la idea de la familia como responsable preferente de la educación de sus hijos, lo que obtura el principio colectivo de socialización, la igualdad ante el derecho y la justicia social que se promueven en la escuela.

- Educación Confesional y Homeschooling: Introducir la formación religiosa confesional en el ámbito de la escuela pública y promueve de forma explícita la educación en los propios hogares (homeschooling).

- Evaluación Docente y Estudiantil: Propone la aplicación de pruebas estandarizadas al final de los ciclos primario y secundario, ignorando el valor de la evaluación progresiva, escalonada y formativa en las trayectorias estudiantiles. Asimismo, avanza con la imposición de un esquema de evaluación punitiva para la docencia, ligada a los preceptos de la meritocracia.

Por todo esto, desde AMET, rechazamos de manera categórica este intento de los sectores de desmantelar la educación pública. Se trata de un verdadero y peligroso retroceso que busca llevar al sistema educativo a lógicas superadas de hace 200 años.

Prensa AMET Tierra del Fuego

Fuente: gremialesdelsur.com.ar