Las recientes decisiones del Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, profundizan el desmantelamiento y vaciamiento de áreas estratégicas de la política científico-sanitaria argentina.

Por un lado, el reciente Decreto 192/26 avanza con el cierre y fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE-ANLIS Malbrán), el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y el Centro Nacional de Nutrición (CNN) de la ANLIS–Malbrán, sin transferencias de recursos ni de capacidades operativas, afectando las capacidades en investigación, diagnóstico y producción de biológicos de

nuestro país.

Por otro, el día 1o de abril de 2026 treinta y nueve (39) trabajadores de ANLIS que se desempeñaban en las provincias de Misiones, Salta y Córdoba recibieron la comunicación sobre su despido desde el 31 de marzo, medida que profundiza el ajuste que ya se venía desarrollando sobre trabajadores del sistema mediante despidos, no renovación de contratos, recortes y deterioro salarial en hospitales nacionales e instituciones de referencia, entre ellos el Hospital Garrahan.

Esta decisión implica un proceso amplio de desarticulación y debilitamiento crítico de capacidades estratégicas; lejos de constituir un simple “reordenamiento”, son medidas que comprometen funciones sustantivas del sistema, y que no garantizan la continuidad efectiva de líneas críticas como investigación nutricional o el abordaje de enfermedades endemo-epidémicas, y tampoco de los equipos y redes que las sostienen.

Estas medidas se implementan en un contexto de fuerte restricción presupuestaria en ANLIS, que ha afectado el funcionamiento de áreas clave y

las condiciones de trabajo de su fuerza laboral. Este escenario ha derivado en una pérdida sostenida de fuerza laboral altamente calificada, con la salida de profesionales con experiencia estratégica, profundizándose el debilitamiento institucional.

La eliminación del CeNDIE implica la pérdida de un centro con capacidades propias de respuesta territorial frente a enfermedades como dengue, chagas, leishmaniasis y fiebre amarilla, entre otras. El Centro se caracterizaba por una fuerte capacidad de investigación aplicada, orientada a la generación de evidencias para la toma de decisiones del Ministerio de Salud, en articulación con múltiples instituciones del sistema científico-tecnológico. Asimismo, contaba con recursos y capacidades operativas propias para el desarrollo de sus funciones. Su fortaleza residía en un enfoque interdisciplinario, que integraba ciencias de datos, sociales y ambientales y en su articulación sostenida con jurisdicciones provinciales y municipales, hoy fragmentado al dispersarse en otras áreas sin garantías de continuidad. Estas capacidades no se pueden trasladar automáticamente a otras estructuras, ya que dependen de equipos consolidados, redes en funcionamiento y dispositivos operativos construidos a lo largo del tiempo.

En particular, el CeNDIE poseía la Unidad Operativa de Vectores (UNOVE-CeNDIE ANLIS- ex CeREVE), ubicada en Punilla Córdoba, era la única unidad especializada en el mantenimiento de colonias de triatominos (vinchucas), proveyendo material biológico para estudios científicos a todas las instituciones científicas nivel nacional. Con más de 40 años de trayectoria en el ámbito del Ministerio de Salud, ha sido uno de los insectarios con mayor

biodiversidad de especies de vinchucas en América Latina, con alta variabilidad genética y mantenimiento de colonias de las principales especies vectoras de la región que transmiten la enfermedad de Chagas. Asimismo, ha sido referente nacional en el monitoreo de la resistencia a insecticidas en poblaciones de vinchucas (información clave para ajustar estrategias de control químico), y ha desarrollado de manera sostenida capacitaciones técnicas en todo el país en manejo integrado de vectores al equipo técnico de Nación y de las 19 jurisdicciones provinciales participantes del Programa Nacional de Chagas, constituyendo un componente clave del sistema de vigilancia y control de la enfermedad de Chagas en Argentina. En la actualidad, la Unidad se encuentra sin funcionamiento efectivo, sin personal asignado para su sostenimiento y mantenimiento.

La medida, además, fue implementada de manera abrupta y sin transición operativa, en un contexto de conflictividad institucional con modalidades de implementación que vulneraron condiciones básicas de funcionamiento y planificación y ausencia de mecanismos formales de transición, interrumpiendo líneas de trabajo, vínculos institucionales y desarrollos recientes. Aunque el Decreto indique que los centros cerrados simplemente se integran a otras estructuras, esto en la práctica es falso: la mayoría de los programas y funciones vigentes en ellos quedan discontinuados y huérfanos, especialmente en el campo socioambiental, incluyendo la problemática de dengue, en donde hoy ya no habrá una institución con la misión y capacidad de evaluar los insecticidas aplicados en los domicilios contra el Aedes aegypti por el Ministerio de Salud, como tampoco aquellas líneas de investigación vinculadas a calidad de agua y aire, incendios en la Argentina y su impacto en enfermedades infecciosas y crónicas.

Este hecho se suma a la disolución a fines del año 2025 del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET-Puerto Iguazú), y del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas a inicios de 2026. Afectar este tipo de dispositivos implica un retroceso en términos de federalismo sanitario, soberanía científica y capacidad de respuesta frente a problemáticas de alto impacto en la salud pública. Además, el debilitamiento de estos programas e instituciones profundiza las desigualdades sanitarias y condiciona las posibilidades de diagnóstico y tratamiento oportuno.

Estas decisiones se inscriben en una ofensiva sostenida que viene desmantelando de manera sistemática las capacidades del sistema sanitario y científico en nuestro país desde que asumió el gobierno de Milei.

La eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), las

modificaciones regresivas en obras sociales y medicina prepaga, los cambios

en la Ley 27.611 (Mil Días), todas ellas a partir del DNU 70/2023, la disolución de institutos estratégicos y el desfinanciamiento de áreas clave como vacunas, prevención de enfermedades transmisibles e investigación en salud no son hechos aislados, si no que configuran una estrategia que se corresponde con la orientación política del actual gobierno nacional y su mandato anunciado: destruir el Estado.

Sin duda, estas decisiones configuran un retroceso estructural de alto impacto sanitario que debilita el rol del Estado y redefine la salud como un bien cada vez más condicionado por la lógica del mercado, con consecuencias directas sobre el acceso, la equidad y la salud de la población.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar