Su número es impreciso y oscila entre 150 y 300, según la Jefatura de la Unidad Regional Norte y voceros de los huelguistas, respectivamente, aunque estaba claro que hasta la tarde de ayer el foco del conflicto tiene epicentro en Caleta Olivia, Cañadón Seco y en menor medida en Pico Truncado. 

En otras localidades, según lo expresado por un alto jefe de la institución, el personal subalterno no se había plegado.

En la práctica, el acuartelamiento hizo que virtualmente desaparecieran las rondas de vigilancia a pie o en patrulleros y en varias entidades bancarias (como el caso de las sucursales del Banco Santa Cruz y Banco Nación), la seguridad se vio limitada a la presencia de un solo uniformado con rango de oficial dentro del “casquillete” de vigilancia interna.

 

ANALISIS OFICIAL

A media mañana, cuando fue consultado por Diario Patagónico sobre el alcance de la medida, el jefe de la Unidad Regional Zona Norte, comisario mayor Carlos Ayuso, dijo que la misma estaba siendo acatada por unos 150 efectivos (agentes y suboficiales) de las comisarías Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, y del Comando Radioeléctrico con asiento en Caleta Olivia, además de personal subalterno de la comisaría de Cañadón Seco, parte de los componentes del cuerpo de bomberos y un reducido grupo de la Comisaría Segunda de Pico Truncado. 

En el resto de las dependencias de su jurisdicción –aseguró-, la actividad era normal, aclarando también que ningún integrante de los cuerpos superiores (oficiales subalternos y oficiales jefes) se había plegado a este paro.

Ayuso indicó también que fue recién a las 10 de la mañana de ayer cuando recibió el petitorio de los denominados “autoconvocados”, el mismo que había comenzado a circular el día anterior por medios periodísticos, al tiempo que no descartaba que el problema fuera a resolverse en un breve lapso.

 

CONNOTACIONES

POLITICAS

Por su parte, desde Río Gallegos, el ex titular de la jefatura de la institución y actual secretario de Seguridad Provincial, comisario general (RE)  Alejandro Martín, evaluó que esa medida de fuerza responde al hecho de que el 26 de junio se produjo la cesantía del suboficial escribiente Mario Monsalvo y que el petitorio de los autoconvocados no se puede responder en un plazo que ellos fijan en 72 horas. 

Además, afirmó que la misma tiene connotaciones políticas y con ella se pretende “desestabilizar al Gobierno provincial”, fundamentando ello en que Monsalvo, a quien se le atribuye ser el principal propulsor del paro, tiene “acercamiento a un sector político que es el ARI. Por ello decimos que esta medida es política y lo que se busca es tratar de desestabilizar el Gobierno de la Provincia”,  reiteró.

No obstante admitió que el petitorio ya estaba siendo analizado en esferas gubernamentales y anhelaba “que el personal policial recapacite y se reintegre a sus funciones”, acotando que “este tipo de medidas nunca llevaron a resultados positivos a la fuerza”.

 

Fuente. elpatagonico.net