Diferentes espacios de alto tránsito y de importante caudal de movimiento se vieron impactados por una medida de fuerza por parte de los trabajadores de seguridad privada ante la falta de cumplimiento de los convenios colectivos por parte de la empresa Securitas.

El Gobierno nacional y UPCN acordaron adelantar las cuotas del entendimiento paritario original y pagarlas antes de las elecciones generales. Además, sumarán un 5% adicional con el que completarán un 40%. En enero volverán a la discusión salarial para conseguir puntos extra.

Finalmente, el Gobierno nacional publicó una resolución en donde establece los parámetros para que los empleados públicos nacionales vuelvan de manera escalonada a la presencialidad y la administración retome la atención en las oficinas.

El Presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, propuso la adopción de “algún modelo prejubilatorio” para allanar posibles conflictos que surjan ante la vuelta de la presencialidad laboral; en tanto, advirtió que, “la salida de la pandemia está lejos de resolverse”.

El Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, ratificó su reclamo de un inmediato aumento salarial del 15 por ciento retroactivo a julio último y de otro 10 por ciento a partir de septiembre próximo para el personal del sector y afirmó que, “la inflación no da tregua y es preciso ganarle”.

El Gobierno nacional rechazó la propuesta de la UIA de descontar una parte del salario de los trabajadores que no se vacunen contra el COVID-19 al considerar que “ninguna política sanitaria puede dictarse desde las empresas”.

Con paros, movilizaciones y asambleas en todo el país, los trabajadores de la salud pública reafirmaron su reclamo por salarios dignos y condiciones laborales favorables. En más de veinte provincias se realizaron reclamos unificados que dejan a las claras la situación de los trabajadores de salud a lo largo y a lo ancho del país.

Dirigentes de la CGT y la CTA rechazaron las advertencias de sanciones y coincidieron en el camino de la persuasión. Abogados Laboralistas aseguran que la propuesta es ilegal.