La emisora estatal dependiente de la empresa Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SA), incumplió los preceptos de la Leyes nacionales al no pagar al día 30 de junio el Sueldo Anual Complementario. También corrió, sin previo aviso, la fecha de pago de los salarios del mes junio.

En una nota enviada el lunes al Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, y al Consejo de Rectores (CIN), la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) reclamó la constitución de la Mesa Nacional de Negociación Salarial del Sector Docente de las Universidades Nacionales.

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó en el Salón Norte de la Casa Rosada, junto a la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, un encuentro sobre “La relevancia del empleo público en la construcción de capacidades estatales”.

El Gobierno nacional, en su rol de empleador, selló el 26 de mayo pasado un acuerdo salarial con los gremios de UPCN y ATE. Se pactó un aumento de 35 por ciento en seis cuotas (la primera ya se efectivizó) y en noviembre próximo se podría ejecutar una cláusula de revisión por la inflación. Hoy, a un mes, el Gobierno abrió una nueva negociación con los dos gremios estatales para revisar la paritaria y sumar un 10% adicional.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) convocó a un paro nacional de actividades de cuatro horas por turno para los días 1 y 2 de julio próximo ante el fracaso de las negociaciones paritarias, confirmaron desde la entidad sindical.

En el marco del Decreto N° 34/19, donde se declaró la emergencia pública en materia ocupacional, el próximo lunes 28 de junio, se publicará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Boletín Oficial que prorroga las prohibiciones de despidos y suspensiones hasta el 31 de diciembre de 2021.

Según datos del INDEC, el índice de desempleo en el país fue de 10,2% en el primer trimestre del año. La tasa de desocupación fue superior en mujeres (12,3%) que en varones (8,5%) y afectó más a las y los jóvenes (24,9% y 17%, respectivamente).

La norma fue aprobada con 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. Establece que el Estado deberá contratar al menos un 1% de personas travestis, transexuales y transgénero.