Cabe recordar que hace unos pocos meses, la compañera Laura Rearte había pasado por lo mismo.

Desde ATE-ANUSATE tenemos en claro que juicios como estos buscan sentar precedentes para criminalizar la protesta de los trabajadores junto con la aplicación de la ley antiterrorista.

Esto quiere decir que lejos de lo que aspiraban desde el Gobierno, la absolución puede constituirse como un buen antecedente para ayudar a muchos trabajadores que están en similar situación en Santa Cruz y en el país.

Es importante recordar que sólo en la provincia hay alrededor de cuatrocientos compañeros denunciados por reclamar. Constituye un avance en materia laboral, la falta de argumento para sostener una acusación tan endeble como la que planteaban desde la fiscalía permite dar batalla en un plano que el gobierno creyó favorable por la connivencia judicial, y que desde el sindicalismo entendemos que no es el lugar natural de discusión sino una mesa paritaria en plano de igualdad.

La criminalización de la protesta social es un proceso que el Estado argentino mantiene con obstinación como forma de aplacar los conflictos sociales y los posibles cambios. La judicialización de militantes populares y las reformas a medida en las leyes son formas en las que se manifiesta esta complicidad entre poder político, judicial y fuerzas represivas.

En ese sentido, consideramos que: mientras se avance en el cercenamiento de los derechos a partir de los cuales el pueblo puede desarrollar dignamente su vida, esto es, mientras haya desempleo, empleo precario, servicios de salud escasos, educación para algunos sectores, imposibilidad de acceso a la vivienda, mientras haya explotación infantil y violencia de género; y sobre todo, mientras no se generen políticas sociales que refuercen estructuras de justicia y dignidad, mayor es la responsabilidad del Estado, que busca descomprimir la presión social con violencia judicial, en vez de atender las demandas.

 

Fuente: Equipo de Comunicación de la CTA Santa Cruz