11.11.2014 | Regionales | EX TRABAJADORES DE YPF
Tras décadas de periplos judiciales, estafas y olvido, llegaría el resarcimiento ypefiano
El 17 de agosto de 1989, se sanciona la Ley 23.696, conocida comúnmente como Ley de Reforma del Estado, que autorizó al Presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos, entre ellas YPF. "Achicar el Estado es agrandar la nación" decía por aquel entonces Álvaro Alsogaray, una de la figuras más representativas del neoliberalismo argentino.
Ese año comenzó esta historia porque esa reforma determinó que los trabajadores de las empresas a privatizar eran los dueños del 10% del paquete accionario denominado Programa de Propiedad Participada (PPP).
En el 91’ comienza el vaciamiento de la empresa y son despedidos 28 mil efectivos gradualmente en todo el país, al tiempo que la petrolera comienza a cotizar en la Bolsa de New York, sólo que, cuando esto sucede, los empleados no reciben el 10% que les correspondía, siendo excluidos del Programa de Propiedad Participada (PPP) de las acciones de Clase C".
Según esa ley de PPP, estaba contemplado "aquel que se desempeñaba en relación de dependencia con Y.P.F. SA, al 1° de enero de 1991 y que hubiese comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha" mientras que se reconocía por parte del Gobierno nacional "una indemnización económica a favor de los ex agentes que no hayan podido acogerse al PPP".
El costo social de la privatización se pagó y muy caro cuando el país dejó de administrar su recurso petrolero y la situación económica del país que profundizó la desocupación hizo que, pese a la resistencia de los trabajadores, muchos cayeran en la depresión y hasta en el suicidio.
Hombres, por aquel entonces de entre 45 y 55 años constituyeron algunas agrupaciones vinculadas a los distintos yacimientos y Santa Cruz no fue la excepción, con grupos que al día de hoy se mantienen diezmados y muchos de ellos, habiendo sido objeto de estafas por parte de estudios de abogados que durante años los tuvieron bajo la presión de una expectativa que muchos no soportaron.
En el año 2003 se reglamentan varios aspectos relativos a las indemnizaciones establecidas en la Ley 25.471, ofreciendo el cobro de $20 mil, condicionando la aceptación de su cobro a que desistieran de las acciones judiciales en trámites y a iniciar nuevos juicios.
Posteriormente en el 2004, el ex presidente Néstor Kirchner firma un decreto que ofrece a los ex ypefianos la suma de 24 mil pesos o bonos en las mismas condiciones, donde todo aquel que aceptara cobrar debía renunciar a sus derechos.
Como buitres, pero caranchos
Algunos que pudieron esperar, lo hicieron por años y mediante largos procesos jurídicos hasta ser indemnizados con mejores valores, pero, en el ínterin, distintos grupos de abogados le ofrecieron a los ex trabajadores valores irrisorios por sus acciones y éstos, frente a la depresión económica, dejaron ir el 10% que les pertenecía como ex agentes del Estado.
En Santa Cruz y Tierra del Fuego, el estudio Leto & Asociados, fue el que más activamente "trabajó" con los ex ypefianos pero más tarde fue denunciado por haberles hecho firmar, a más de 3 mil de ellos, poderes que no eran legales para ofrecerles un precio vil por sus derechos sobre las acciones. En efecto, con la oferta de 27.000 pesos ofrecidos y aceptados, Leto pagó apenas 27 pesos por cada acción, cuando en bolsa la cotización superaba los 200 pesos.
De acuerdo a la ley de privatización, aquella porción del 10% del paquete accionario pertenecía a los empleados como un derecho, pero entre 1997 y 2007 se vendieron 35 millones de acciones de clase "C" (que correspondían a los empleados a través del Programa de Propiedad Participada) por U$S 2.800 millones. En dichas operaciones, como en la posterior venta del 14,9% del paquete accionario al grupo Eskenazi no se tuvo en cuenta a los ex empleados y se generó un juicio, que llegó hasta la Corte Suprema.
En 2004, para solucionar el problema, el Estado pagó una indemnización por U$S 100 millones. Pero los empleados dicen que se trató de menos del 4% de lo que vale su parte y que el 30% de los beneficiarios aún no cobró.
Desde diferentes partes del país, se iniciaron causas por "defraudación y vaciamiento", pero el argumento de Repsol, que en Argentina se hacía llamar YPF para generar empatía, fue que esas acciones eran preexistentes a la privatización y por ende, ya no tenían vigencia, por lo que la responsabilidad recayó en el Estado nacional.
El despacho de Energia
Después de más de 20 años, el diputado de izquierda, Néstor Pitrola, junto a los kirchneristas Roberto Feletti y Dante González, presenta un proyecto para el resarcimiento definitivo que esta semana tuvo despacho favorable de la Comisión de Energía que preside el riogalleguense, Mario Metaza.
La noticia caló hondo en el flanco norte, donde aún hoy esperan unos 3.500 ex ypefianos y alrededor de mil familiares, entre hijos y viudas, que conocieron que la indemnización prevista es equivalente al valor de las 956 acciones de YPF SA al día del cobro ($439.000 a cotización del 31/10/14).
Actualmente, el Diputado Nacional Juan Mario Pais (FPV/Chubut) es miembro informante del proyecto de ley en Diputados, donde se buscará aprobar, antes de diciembre, el resarcimiento a la exclusión arbitraria que impidió a muchos petroleros acogerse al PPP.
"Es la primera ley que logramos que se trate y forme parte del proyecto final sea para reparar a este golpeado sector de la clase obrera argentina" dijo al respecto Pitrola.
Lo que se discute es que el pago será segmentado y el promedio a percibir está en el orden de los 420 mil pesos hasta los 280 mil pesos que van a ser los que menos van a cobrar, todo ello en bonos de consolidación de deuda.
Fuente: tiemposur.com.ar / gremialesdelsur.com.ar
